Informes del Gobierno vasco alertaron de ilegalidades en el convenio de la Final Four de la Euroliga

Vitoria

No sólo informes técnicos del Ayuntamiento de Vitoria. También informes del Gobierno vasco alertaron el pasado año de que el convenio entre las instituciones y la Euroliga para organizar la Final Four de Vitoria incumplía la ley en varias de sus cláusulas. Sin embargo, el convenio fue suscrito el 26 de noviembre pasado por el Gobierno vasco, el Ayuntamiento de Vitoria, la Diputación de Álava y la Euroliga. En diciembre, el acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial del País Vasco.

Las ilegalidades en este convenio -por el que se dan 4 millones de euros de dinero público a la Euroliga- se detallan en dos informes jurídicos y son respaldados por un tercer informe. Todos ellos, informes del Gobierno vasco. La CADENA SER ha tenido acceso a esta documentación a través de una solicitud de información pública en virtud de la Ley de Transparencia.

Los reparos que ponen los técnicos del Gobierno vasco son muy similares a los que recogía un informe jurídico del Ayuntamiento de Vitoria. ¿Por qué no se cambiaron los términos del convenio tras el aviso de los técnicos? Un asesor del Gobierno de Urtaran explicó a EH Bildu en una reunión privada que eran las condiciones impuestas por la Euroliga si se quería celebrar el evento en Vitoria. En público el Ayuntamiento defendió que se había conseguido que la Euroliga incluyera el euskera entre las lenguas del evento y también mejoras en materia de seguridad. En todo caso, en noviembre pasado el Gobierno de Urtaran avisó de que era "irresponsable" airear las ilegalidades detectadas por los técnicos.

En una comparecencia en las Juntas Generales, el diputado de Hacienda, José Luis Cimiano, fue más explícito y, preguntado por el convenio -y en concreto, por la aplicación de las leyes suizas en el convenio-, explicó que si no se cumplían los "estándares" de la Euroliga, la competición se podría celebrar en otro lugar. 

"No se cumplen fundamentales exigencias de la ley"

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Una de las principales ilegalidades del convenio es el acuerdo entre las instituciones y la Euroliga para que el convenio se rija por las leyes suizas, por "el derecho sustantivo suizo". "Es contrario a la ley", señala la asesoría jurídica del Gobierno vasco que desgrana en su informe la legislación nacional a internacional al respecto y recuerda que no hay resquicios legales para permitir que esta cláusula se incluya en un convenio público de estas características. "Este convenio se debe regir y formalizar preferentemente de acuerdo con la ley del país que se otorgue, en este caso España, ya que se fija Vitoria-Gasteiz como lugar de firma del convenio", concluyen los juristas del Gobierno vasco.

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El convenio incluye también que, en caso de disputa entre las partes, acudirán a un tribunal de arbitraje internacional en la ciudad suiza de Lugano. Los juristas recuerdan que las partes pueden solicitar que se aplique una normativa en concreto y señalan que "no resulta lógico que si la ley que debe regir el convenio es el derecho español, se le aplique el derecho suizo para dar solución a las disputas".

En un segundo informe jurídico del Gobierno vasco -el informe de legalidad del departamento de Gobernanza Pública- se defiende la legalidad de la firma de un convenio para subvencionar la Final Four, pero cuando los técnicos analizan el contenido del convenio, vuelven a surgir las irregularidades. "Adolece de fundamentales deficiencias", señala primero. Unos párrafos más adelante, es más contundente y afirma que no se cumplen "fundamentales exigencias de la ley", en referencia a la Ley del Sector Público.

Además de la reprobación a que se acuda a la normativa suiza, tampoco se cumple la ley en lo referido a las aportaciones económicas de las partes. Las instituciones públicas ponen 4 millones de euros para la organización de la Final Four, ¿pero cuál es el presupuesto total? Esta información no aparece y la ley obliga a que en el convenio se informe del presupuesto total del evento y, en caso de que exista, de la aportación de la empresa privada. 

También existen problemas legales con las consecuencias en caso de incumplimiento de los acuerdos alcanzados entre la Euroliga y las instituciones. No se especifican las cuotas de responsabilidad de cada una de las partes, y tampoco se aclara cómo se aplicaría "lo que parece un recargo sobre un eventual retraso en los pagos": Un recargo del 3% a favor de la Euroliga.

La ley establece además que este tipo de convenios tienen que disponer de "mecanismos de vigilancia y control de la ejecución de sus compromisos". El informe del Gobierno vasco señala que "resultaría procedente una comisión de seguimiento" para dirimir posibles desavenencias, en especial, cuando las razones para una hipotética suspensión del evento son muy ambiguas como un "cambio drástico de la ley" o "cualquier razón inesperada fuera del control de la Euroliga".

Hay, además, contradicciones sobre quién se encarga de la seguridad del evento. La Euroliga es el organizador pero "no asume responsabilidad alguna sobre la seguridad y protección de la Final Four". Esa responsabilidad se traslada en su totalidad a las instituciones y, en especial, al departamento de Seguridad del Gobierno vasco. Y, sin embargo, la Euroliga se guarda la posibilidad de acudir a una empresa de seguridad privada para definir y ejecutar los planes de seguridad dentro del Fernando Buesa Arena.

Un tercer informe del Gobierno vasco se ratifica en estas y otras irregularidades del convenio de la Final Four. Es el informe que emite la Oficina de Control Económico del departamento de Hacienda.