Crisis y exclusión social en Castilla y León

Los mensajes y valoraciones oficiales procedentes de gobiernos e instituciones económicas inciden en que la crisis iniciada en 2008 ya está superada gracias a las medidas adoptadas que, aunque dolorosas para las capas sociales más débiles, han sido necesarias para evitar daños mayores.

Sin embargo, las diferentes encuestas de opinión pública muestran de manera reiterada que en la vida diaria de gran parte de los ciudadanos no se percibe una mejoría de su situación económica.

Lo datos aportados por la última oleada del Barómetro de Opinión Púbica de Castilla y León (Barómetro SOCYL) abundan en las conclusiones pesimistas. Así, el 83% de los castellanos y leoneses manifiesta que la Comunidad no ha salido de la crisis económica. Bien es cierto que el porcentaje ha disminuido en 10 puntos desde la formulación de la misma pregunta en el Barómetro del año 2016. En cualquier caso, la opinión negativa continúa siendo ampliamente mayoritaria.

Asimismo, las conclusiones del avance de resultados del último Informe Foessa, encuesta privada de mayor relevancia en España especializada en el estudio de la exclusión social, tampoco son halagüeñas. Las cifras muestran que en Castilla y León hay más de 6.000 hogares calificados de inadecuados. Las 26.000 personas que residen en esas viviendas deberían cambiar de domicilio para que sus condiciones alcancen las categorías de dignidad y estabilidad. Además, no podemos obviar que muestran inseguridad en relación a su capacidad para mantener la vivienda.

En definitiva, aun reconociendo la existencia de mejoría en los principales indicadores económicos, la recuperación no parece haber llegado a los estratos más vulnerables. De hecho, desde el inicio de la crisis el espacio de exclusión social más severo se ha incrementado en 1,2 millones de personas en el conjunto del país.