Se acaba el plazo en Limasa

Málaga

Esta semana vence el plazo dado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para decidir el futuro de la empresa de limpieza de Málaga y su posible municipalización, para ello los trabajadores deberán aceptar el cobro de atrasos en la cuantía y plazos que ha ofrecido el consistorio

15 de febrero. Es el último plazo dado por el primer edil para poner fin a unas negociaciones que no acaban de cuajar para lograr que la empresa, ahora mixta con capital privado del 51 por ciento, se convierta en pública en manos del Ayuntamiento de Málaga. El principal escollo, que no único, radica en el montante que los trabajadores piden cobrar como atrasos de los últimos años y que supera, con mucho, los 8.300 euros ofrecidos por el Ayuntamiento de Málaga. Tampoco la forma de cobrar los convence. En plazos anuales y vinculados a la productividad. Los empleados consideran que es un derecho adquirido tras varias sentencias que les han dado la razón. Tampoco están de acuerdo con la duración del convenio que quieren firmar desde el consistorio para garantizar la paz social en la empresa de limpieza, hasta 2023.

Pero si los trabajadores no aceptan la propuesta del consistorio el primer edil avisa que podría abandonar la idea de municipalizar la empresa, algo en lo que empeñó su propia candidatura a los comicios locales de mayo. Así que Francisco de la Torre avisa: "El planteamiento de municipalizar con esta claridad de ideas y de camino se perdería y vería muy difícil que se pudiera hacer. Yo creo que es un buen momento hacerlo antes de las elecciones municipales".

Pero lo sindicatos hacen oídos sordos a este plazo, no se sienten concernidos por la fecha tope dada por Francisco De la Torre, reclaman el pago de atrasos y más negociación.

Manuel Belmonte, presidente del comité de empresa de Limasa, asegura que :"Seguimos fieles a lo que hemos dicho, seguimos en las negociaciones y , por tanto, el ultimátum para nosotros no vale porque no lo hemos puesto nosotros. Una cuestión muy clara es que unos días dicen una cosa y otros días otra".

Entretanto los tribunales siguen dando la razón a los 1.800 trabajadores de la empresa. El próximo 19 de febrero un juzgado de lo social tiene previsto establecer qué porcentaje de masa salarial y qué derechos tienen que recuperar los empleados por no haber sido aplicado el convenio colectivo vigente desde el año 2012.