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La Abogacía General pide que el Gobierno de Aguirre devuelva el expolio del Campus de la Justicia

Los letrados de la Comunidad de Madrid piden a los responsables de ese proyecto, investigado por la Audiencia Nacional, que "restituyan y reparen el daño económico ocasionado y la indemnización de los perjuicios causados"

La Audiencia Nacional investiga, desde el verano, un pufo de 80 millones de euros en el Campus de la Justicia, el ruinoso megaproyecto de Esperanza Aguirre sobre el que sobrevuelan varios delitos, entre ellos, malversación de fondos públicos, cohecho o tráfico de influencias.

La Abogacía General de la Comunidad de Madrid lo tiene claro. En un informe al que ha tenido acceso la SER, los servicios jurídicos defienden que los responsables de aquel fracaso deben reparar el daño económico ocasionado por las irregularidades del Campus de la Justicia. Los letrados solicitaron a la Comunidad de Madrid que en su denuncia ante la Fiscalía pidiesen la aplicación del artículo 100 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal donde se solicita "la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización por perjuicios causados por el hecho punible", en este caso el ruinoso proyecto del Campus de la Justicia.

En ese documento, la Abogacía General argumenta que el gobierno debe reclamar amparándose en el informe de la Cámara de Cuentas donde se dejó claro que hubo un "menoscabo ocasionado, ocasionado por el perjuicio patrimonial que ha sufrido, con pérdidas económicas derivadas de las actividades no fiscalizadas".

El letrado Jefe Civil y Penal, Diego García Paz corrobora en su escrito que “ha quedado acreditado de modo objetivo que la gestión del Campus de la Justicia ha sido realizada de forma irregular en términos generales, las anomalías detectadas apuntan a un incumplimiento sistemático de los principios y normas esenciales de la contratación pública, suponiendo un quebrantamiento objetivo de la legislación administrativa y mercantil, como por ejemplo, discrepancias entre la contabilidad real y la de la sociedad”, también destaca “la ausencia de documentos contractuales que justifiquen las relaciones de trabajo de y de cobro, existencia de conflicto de intereses”.

Es cierto que la Abogacía General no es capaz de “cuantificar el dinero” que deben reclamar, pero insta al Presidente madrileño, Ángel Garrido a reclamar la devolución de expolio al equipo de gobierno la expresidenta, Esperanza Aguirre, cuyo legado reivindican ahora los candidatos del PP, Isabel Díaz Ayuso y Jose Luis Martínez Almeida. La Comunidad de Madrid, siguiendo los consejos de sus propios abogados se ha personado en la causa como acusación particular “por su condición de perjudicada, porque la Comunidad de Madrid fue la accionista de la sociedad y quien desembolsó el dinero”, aconsejaron los letrados.

Actividades ilegales, con ejemplos

En su informe, la Abogacía General enumera algunos de los casos recogidos el Tribunal de Cuentas y habla abiertamente de “actividades ilegales”, que han sido “amparadas en la falta de documentación y la inexistencia de una actividad fiscalizadora permanente”.

Ponen varios ejemplos de ese descontrol. “Resultan llamativos los casos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de la Audiencia Provincial, que sin tener una sola piedra colocada, generaron unos costes de casi 19 millones de euros”. Pero hay más. A la Abogacía General le sorprende la facturación de los empleados de esa sociedad. “La nómina mensual media de la mercantil es de 5.000 euros. Son muy superiores a los establecidos para el personal al servicio de las administraciones públicas”, y no solo eso, “resulta sorprendente que el incremento de los salarios se da durante el ejercicio 2008, que es cuando la actividad del proyecto de la mercantil comienza a paralizarse”.

El proyecto megalómano del Campus de la Justicia ha estado trufado de casos inexplicables. Por ejemplo, “a un trabajador [de la sociedad], varios meses después de su despido, se le pagó un máster MSA realizado un año antes, por 37.000 euros”. Por si fuera poco, en 2008, un fotógrafo empezó a cobrar un sueldo de 3.500 euros mensuales “sin que exista ningún tipo de justificación sobre la efectividad de los servicios prestados a la sociedad”, de hecho, los letrados apuntan en su informe que “no se ha localizado ningún contrato de aquellos trabajos”.

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Cadena SER

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