El interventor: "La corrupción estaba instalada en el ayuntamiento de Crevillent"

Alicante

El interventor municipal de Crevillent, Fernando Urruticoechea, ha asegurado que "la arbitrariedad era la norma" en este consistorio. Ha sido a la salida de la vista que ha arrancando este lunes en el Juzgado de Instrucción nº 4, con los testimonios por las presuntas irregularidades de la contratación del servicio de conserjes e instalaciones deportivas de Crevillent durante más de diez años. En esta causa está investigado el alcalde de esta localidad y vicepresidente en la Diputación, el popular César Agusto Asencio.

Los primeros en declarar, en calidad de testigos, han sido este interventor municipal, así como José Manuel Penalva, diputado provincial y portavoz municipal de Compromís, que denunció los hechos, por espacio de una hora cada uno.

A la salida, Urruticoechea, muy afectado, ha narrado la "tremenda presión tendenciosa", ha dicho, que durante esos años se ejerció contra él, "la única voz" que ponía en cuestión el "tráfico de regalos y la corrupción", que se había instalado en el ayuntamiento de Crevillent como "norma", y no solo en el área de Deportes sino en otras muchas más, asegura.

El interventor también ha lamentado que las preguntas del juez se hayan encaminado solo a los "aspectos técnicos" de sus numerosos informes sobre las irregularidades en Deportes, pero ninguna cuestión haya abordado sus condiciones de trabajo.

Penalva, por su parte, ha lamentado que el ayuntamiento no haya actuado como acusación particular. Y ha incidido en las relaciones de parentesco en la adjudicación de los centros deportivos de la localidad, que supuestamente habrían servido para colocar a familiares del entonces coordinador de Deportes, con Asencio como presidente del Patronato Municipal de Deporte.

Por su parte, Asencio, como ya adelantó Radio Alicante, tendrá que declarar en calidad de investigado el próximo 29 de marzo en esta causa. Según el auto se enfrenta a cinco delitos: prevaricación administrativa, fraude, malversación de caudales públicos, trafico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.