Una investigadora de Over admite presiones de jefes de la Guardia Civil

Palma

Una investigadora de la Guardia Civil admite que recibió presiones internas por parte de los altos cargos de la Comandancia por los informes que redactó sobre los contratos entre el Govern y la empresa Over Marketing. La funcionaria fue la encargada de redactar los informes que apuntaban a irregularidades en la concesión de contratos desde las Consellerias de Salud e Interior a la empresa de Daniel Mercado. A preguntas del fiscal anticorrupción, Juan Carrau, la guardia civil ha explicado que recibió presiones internas de sus jefes.

La testigo ha relatado que fue la encargada de redactar varios informes sobre los dos contratos que la Conselleria de Salud adjudicó a Over Marketing, en los que apuntaba a irregularidades al convocar solo a empresas de la órbita de Daniel Mercado. Además, también analizó las adjudicaciones realizadas desde la Conselleria de Interior, dirigida por José María Rodríguez, entonces alto cargo del PP. 

La agente, adscrita al grupo de anticorrupción, ha explicado que una vez los informes estaban presentados en el juzgado y a disposición de a fiscalía, sus superiores le llamaron a ella y a otros agentes para interrogarles exclusivamente sobre los dictámenes que hacían referencia a la Conselleria de Interior. En aquella época, José María Rodríguez ya era delegado del Gobierno en Baleares.

Durante la investigación, la agente encontró gastos electorales del PP de la campaña de 2003 que habían sido pagadas por varias compañías mediante operaciones ente Over y terceros. Entre ellos, cien mil euros sufragados por empresas hoteleras. En los informes, la guardia civil detalló que uno de los contratos de la Conselleria de Salud para una campaña sobre mujer y tabaco fue tramitado como un negociado sin publicidad y todas las empresas invitadas eran de Daniel Mercado.

Otra de las irregularidades pasaba por un concurso por valor de 64.000 euros que Over ganó gracias a la valoración técnica de la jefa de prensa de la Conselleria de Salud, María Luisa Durán, que trabajó en el año 2007 durante unos meses para esa empresa.

El juicio se ha retomado este lunes después de varios meses de parón. En el banquillo se sienta el expresident Matas, que se conformó tras un acuerdo con la fiscalía con una pena de dos años y medio de cárcel sustituibles por una multa de 18.000 euros. También está acusado el exdelegado del Gobierno, José María Rodríguez, que rehusó pactar con la fiscalía y ha preferido defenderse de las acusaciones durante el juicio.