Las víctimas del 3 de marzo acuden a instancias internacionales tras el rechazo de los tribunales españoles

Vitoria

La Audiencia Nacional dio el último portazo en octubre pasado. El juez José de la Mata denegó la solicitud de la justicia argentina para interrogar a Martín Villa por sus responsabilidades en la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria: 5 obreros fueron asesinados por la policía y más de 100 trabajadores resultaron heridos durante la represión de una asamblea que se celebraba en la Iglesia de San Francisco. Martín Villa era entonces ministro de Relaciones Sindicales del Gobierno. 

La jueza María de Servini procesó por estos sucesos a Martín Villa por delitos de lesa humanidad pero la Audiencia Nacional considera que los delitos han prescrito y están, en todo caso, protegidos por la Ley de Amnistía de 1977. El exministro franquista ha defendido en público su inocencia y se ha mostrado dispuesto a declarar ante la jueza argentina. 

Este no es el único rechazo de los tribunales españoles a investigar los asesinatos de Vitoria. Hace poco más de un año el Tribunal Constitucional tumbó el recurso que las instituciones locales -las Juntas Generales de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria- habían presentado contra el archivo de una querella sobre estos crímenes. El Constitucional no lo admitió a trámite porque no se apreciaba en el recurso de amparo "la especial trascendencia constitucional que se requiere para su admisión". 

El siguiente paso era acudir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo pero las instituciones locales no pueden recurrir: forman parte del Estado y no pueden denunciar al Estado en Estrasburgo. La consecuencia es que uno de los sucesos más graves de la Transición nunca ha sido investigado ni sus responsables han sido juzgados. 

Cerradas las puertas de la justicia española, la asociación de víctimas del 3 de marzo tiene varías vías abiertas para aumentar la presión internacional sobre las autoridades españolas. Por un lado, las Juntas Generales de Álava han aprobado la presentación de una querella por los crímenes franquistas en el territorio, que incluirá el 3 de marzo. Esta vez, las instituciones no irán solas: irán acompañadas por algún movimiento asociativo para poder llegar hasta Estrasburgo, si los tribunales españoles vuelven a archivar la denuncia. 

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Las víctimas van a acudir además al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A finales de marzo o principios de abril presentarán la denuncia. La admisión a trámite podría conocerse en verano. "Vamos esperanzados a ese comité porque  hay una resolución del Tribunal Supremo de julio del pasado año que obliga al Estado español a cumplir todas las resoluciones que puedan derivarse de los organismos de derechos humanos de la ONU", explica Andoni Txasko, portavoz de la asociación de víctimas del 3 de marzo. Este comité instó en su día a España a investigar los crímenes del franquismo. 

La reclamación de justicia también se ha escuchado en el Parlamento Europeo. La comisión de peticiones de este parlamento está analizando una reclamación de las víctimas sobre los obstáculos que ponen las autoridades españoles para el esclarecimientos de los crímenes del 3 de marzo. La resolución está pendiente pero el Parlamento europeo ha reclamado información en varias ocasiones a las víctimas y también se ha dirigido al Ministerio de Justicia.