Tribunales

La Fiscalía Anticorrupción asume el caso Villas del Arenal

Considera que el asunto es de su competencia por la especial trascendencia de los delitos que se investigan

Teresa Porras y Francisco Pomares / CADENA SER

Málaga

En su escrito, fechado el pasado 5 de marzo en Madrid, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejando Luzón, da el visto bueno a que el caso Villas del Arenal pase a manos de la Fiscalía Especial Anticorrupción en Málaga, un caso en el que están investigados los concejales Teresa Porras y Francisco Pomares, junto al gerente de Urbanismo José Cardador, por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos en relación a presuntas injerencias en la tramitación de expedientes urbanísticos en la barriada de Villas del Arenal.

El fiscal deja claro en su escrito que el caso es "competencia" de Anticorrupción y responde así a la petición formulada el pasado 20 de febrero por la fiscalía provincial de Málaga, en la que pedía que se valorase la convencia de que ese procedimiento penal fuese asumido por esa fiscalía especial "en atención a la trascendencia y repercusión social que la investigación llevada a cabo por esta Fiscalía y la denuncia ante el órgano judicial han tenido en los medios de comunicación social, así como por la relevancia de las personas afectadas por dicha denuncia, autoridades y funcionarios de la corporación municipal".

De hecho, la ley prevé que anticorrupción practique diligencias e intervenga precisamente en procesos penales en "supuestos de especial trascendencia".

Este paso pone en entredicho la principal defensa política que viene haciendo el equipo de gobierno con el alcalde a la cabeza, Francisco de la Torre, de que el caso nada tiene que ver con corrupción.

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Precisamente toda la oposición exigirá esta tarde la dimisión de los ediles, del núcleo duro del alcalde de Málaga, y del gerente, en un pleno extraordinario. Los socialistas amagan incluso con la posibilidad de explorar la vía de una moción de censura, para lo que encontrarían el apoyo del resto de fuerzas de izquierdas.

Los concejales Porras y Pomares, junto a Cardador, están llamados a declarar el próximo 25 de abril en el juzgado de instrucción número 8, que lleva el caso.

 
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