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Euskadi abre la puerta a indemnizar por ley a las víctimas de violencia machista

La Administración deberá reparar a las victimas cuando el perjuicio no pueda ser asumido por el autor del delito, según la reforma propuesta por Emakunde

Las víctimas de la violencia machista en Euskadi tendrán por ley derecho a la reparación, incluida una indemnización por el daño causado que deberá proporcionar la Administración cuando no pueda ser asumida por el autor del delito u otra fuente.

“Las víctimas y sobrevivientes de la violencia machista tendrán derecho a una indemnización proporcionada en un plazo razonable por daños y perjuicios económicamente evaluables, en la medida en que el perjuicio no esté cubierto por otras fuentes, en particular por el autor del delito” recoge la reforma de Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres impulsada por Emakunde.

Esa reparación incluye también el "derecho a la verdad" mediante acciones públicas de rechazo a la violencia y reconocimiento de las víctimas, la "garantía de no repetición" y su "completa recuperación" a través de los recursos públicos.

En este sentido, se garantiza una "atención integral, gratuita y de calidad", y un trato preferente a las víctimas en el acceso a la vivienda o a un trabajo ya que la administración deberá "promover" su contratación.

En el texto, la violencia contra las mujeres pasa a denominarse "violencia machista" que incluye la ejercida en la pareja o expareja, pero también la "intrafamiliar, la violencia sexual, el feminicidio, la trata, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzosos y otras prácticas tradicionales" así como "la violencia perpetrada o tolerada por el Estado" tanto en el ámbito público como en el privado, incluído el "entorno virtual".

Además de mujeres y niñas, la norma también considera víctimas a las niñas, niños, adolescentes y dependientes que convivan en un entorno en el que se ejerza dicha violencia.

La reforma obliga a las administraciones públicas a destinar al menos el 1% de sus presupuestos a igualdad y endurece el régimen sancionador, triplicando la cuantía de las multas de hasta los 90.000 euros para las infracciones más graves, además de la prohibición de contratar con la administración o recibir subvenciones.

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