El gobierno de Formentera acusa al promotor de Punta Prima de 'intento de extorsión'

Ibiza

El Gobierno del Consell de Formentera cree ser víctima de lo que ha llamado la 'pena de banquillo' por el caso de Punta Prima, mientras defiende la legalidad de todo el procedimiento urbanístico.

Resalta que la Fiscalía no hace acusación alguna y argumenta que el titular del Juzgado de Instrucción número cuatro de Ibiza tiene que abrir obligatoriamente juicio oral a petición del demandante, el promotor del complejo turístico Leo Stöeber.

El Consell hizo llegar hace unos días un escrito al instructor pidiendo la nulidad de las actuaciones. Argumenta que se copia textualmente la demanda del promotor del compleo turístico. Cuestiona que no sé haga mención a los siete funcionarios que aparecían como investigados y para los que debería decretarse el sobreseimiento. Asimismo, también se pone el acento en el hecho de se siga mencionando a la diputada Silvia Tur. En cualquier caso, asumen que una vez que se ha decretado la apertura de juicio oral tiene pocos visos de prosperar esta petición. Si es desestimada se presentará el escrito de defensa antes de que la causa llegue a la Audiencia Provincial.

Recordemos que por esta causda se sentarán en el banquillo de los acusados, el presidente Jaume Ferrer, los consellers Sonia Cardona y Bartomeu Escandell y el ex conseller Josep Mayans a los que se imputa hasta cinco delitos, entre ellos prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos o coacciones.

Ferrer que ha comparecido, junto a Escandell y el abogado Fernando Mateas, para valorar el auto, ha señalado que el juez no entra en valoraciones "sino que se basa en la petición del querellante".

El presidente del Consell afirma que Stöeber pretende "coaccionar y extorsionar al Gobierno con querellas y reclamaciones mientras sigue diciendo que todavía se puede negociar". Afirma que no se puede abrir negociación alguna "porque se estaría prevaricando".

Sobre el fondo de la cuestión, detalla que el Plan de Ordenación de Recursos Naturales no permite nuevas plazas turísticas en zonas periféricas del área protegida. Resaltan que el PORN está por encima de la normativa urbanística local.

Desde el Gobierno insular también consideran sorprendente que solo se haya denunciado a los consellers de Gent Per Formentera a pesar de que no fueron los únicos que aprobaron el planeamiento urbanístico.

El gobierno insular ha recalcado que se planteó también un contencioso administrativo y el Tribunal Supremo sentenció que las Normas Subsidiarias se ajustan a la legalidad.

También han señalado que se hay posibilidades recurrirán la fianza de medio millón de euros.

Sobre las responsabilidades políticas se ha dejado claro que no va a afectar a la composición de la lista electoral de Gent Per Formentera.

El caso pasará ahora a la Audiencia Provincial que será la que juzgue a Ferrer, Cardona, Escandell y Mayans, aunque no se ha hablado de plazos para su celebración.