Camps, Rambla y Flores, procesados por la construcción del circuito de la Fórmula 1 de Valencia
Fuentes del entorno del expresidente Camps anuncian en la SER la presentación de un recurso por varios motivos, entre ellos que "la jueza juzga una declaración que es política como la que hizo Camps al afirma que la Fórmula 1 no iba a costar un euro a los ciudadanos"
Francisco Camps con Bernie Ecclestone / GVA ARCHIVO (EUROPA PRESS)
Valencia
La jueza del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia ha decidido procesar al expresidente de la Generalitat Francisco Camps; al que fuera su vicepresidente Vicente Rambla; al exconseller de Infraestructuras Mario Flores y a cargos del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP) y empresarios, en la causa por la construcción del circuito urbano de la Fórmula 1 en València. Entre estos últimos, se encuentra el representante de FCC Construcción S.A. José Mayor Oreja, hermano del exministro Jaime Mayor Oreja.
Sobre Camps, la jueza sostiene que "impulsó" y "permitió" la construcción del circuito --"con la única intención de proyectar su imagen" como máximo representante de la Comunitat-- "al margen de las funciones propias" de su competencia de presidente; de la legislación aplicable y "utilizando indebidamente los fondos públicos, alterando datos y fechas en documentos de expedientes administrativos, dándose trato de favor a determinadas empresas que resultaban beneficiadas de adjudicaciones públicas por donaciones y entregas de dinero no hechas de modo altruista, sino con carácter finalista, para obtener como contrapartida adjudicaciones irregulares".
La jueza relaciona este caso con el de los papeles de Bárcenas
La jueza hace constar la relación entre este caso y el de los papeles de Bárcenas que investiga la financiación irregular del PP. Hace constar indicios de que parte de las mordidas cobradas en Valencia acabaron financiando, indirectamente, al PP. La jueza alude a dos donaciones en marzo y julio de 2008 de 90.000 y 75.000 respectivamente por parte de José Mayor Oreja, de Fomento de Construcciones y Contratas, que aparecen en los papeles de Bárcenas. Y relaciona esa cantidad con la que según declaró el testigo Ricardo Costa recibió de Mayor Oreja, 150.000 euros, antes de las fallas de 2008.
En total, son 16 los procesados mientras que la instructora ha acordado el archivo del caso para otras 17 personas, entre ellas, el que fuera secretario autonómico de Deportes y ex secretario general del PP, David Serra, y la asesora del expresidente Belén Reyero, trabajadores y representantes legales de otras constructoras y empresas.
La magistrada señala en el auto de incoación de procedimiento abreviado, al que ha tenido acceso Europa Press, que alcanza esta decisión tras el resultado de las diligencias de investigación e instrucción practicadas; las declaraciones de investigados y testigos; informes de Guardia Civil y Policía; documental procedente de los registros o requerida a la administración y el informe de la Intervención de la Generalitat, que revelan indicios "suficientes, sólidos, razonables y consistentes" contra Camps por prevaricación, malversación y falsedad documental; cohecho y/o tráfico de influencias.
En el auto, la jueza da traslado a Ministerio Fiscal y Abogacía de la Generalitat para que en diez días formulen escrito de acusación, pidan apertura de juicio oral, el archivo de la causa o soliciten la práctica de diligencias complementarias. La resolución no es firme por lo que cabe la interposición de recurso.
Fuentes del entorno del expresidente Camps anuncian en la SER la presentación de un recurso por varios motivos, entre ellos, que la jueza juzga una declaración que es política como la que hizo Camps al afirmar que la Fórmula 1 no iba a costar un euro a los ciudadanos.
También destacan que la urbanización del entorno del circuito se hizo dentro del Plan del Cabanyal y "ha quedado para la ciudad, así que es trama urbana" y opinan que "la jueza concluye sin argumentos que los empresarios trabajaron allí e hicieron aportaciones económicas a cambio de contratos". Según esas fuentes, los contratistas trabajaban habitualmente con la Administración Autonómica. Y ademas subrayan que la jueza destaca que "no tiene en cuenta los informe de entidades como la Sindicatura de Cuentas; no pusieron ningún reparo a la gestión del evento. Tampoco tiene en cuenta un informe del IVIE realizado para la compra de Valmor en 2011 que calcula en 400 millones el retorno del evento para ciudad.
