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Los vecinos de Añaza solicitan al Gobierno la regulación de su alquiler

Hasta 100 familias no cuentan con un contrato actualizado de arrendamiento y 26 ocupan de forma ilegal la construcción que adquirió el ente público Visocan en enero

Los vecinos de Añaza han vuelto a requerir al Gobierno de Canarias que estabilice su situación en los 358 pisos que iban a ser vendidos por Banco Santander al fondo buitre Cerberus y que finalmente adquirió el ente público Visocan para evitar el lanzamiento de las familias. La transacción fue ejecutada por casi 25 millones de euros.

Los inquilinos han recibido esta misma semana la notificación de las cuantías que deben abonar. Hasta 300 euros mensuales que varían en función de la situación económica del núcleo familiar. Esta relación de rentas ha generado intranquilidad entre los vecinos. A los que sí cuentan con un contrato de arrendamiento se suman los más de 100 titulares que no han regularizado su situación tras la expiración de un contrato anterior y 26 personas que ocupan los pisos de forma ilegal.

Es el caso de Nadia, una madre soltera que recibe 150 euros de manutención al mes y quien asegura que cuando ocupó la vivienda sus hijas tenían uno y seis años. "Me dieron la opción de meterme y lo hice, no me iba a ver en la calle con mis hijas o ser trasladada a un albergue sin ellas", afirma la afectada.

Nadia suma a su testimonio la imposibilidad de regularizar su situación a pesar de que "Bermúdez (el alcalde capitalino) se ha reunido con las familias y ha asegurado que no íbamos a irnos a la calle. Se comprometió con que solo pagaríamos, máximo, 100 euros mensuales".

La Dirección General de Vivienda ha mandado un mensaje de tranquilidad a los vecinos de Añaza en los micrófonos de la SER. Su responsable, Pino de León, asevera que analizarán el caso particular de cada inquilino para asesorarles sobre la asistencia que pueden recibir, "especialmente si se trata de familias vulnerables".

"Vamos a trabajar para regularizar la situación de las familias que ocupan de manera ilegal las viviendas, así como de las que no tienen contrato", ha insistido la directora.

Pino de León ha añadido, además, que la Administración "está paralizando todos los desahucios" y que, de igual modo, un convenio con el Ayuntamiento de Santa Cruz ampara a 66 familias pagando durante diez meses el alquiler de los pisos.

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