La Comunidad de Madrid, condenada otra vez a pagar una sanción por la ruinosa M-45

Madrid

La legislatura de Cifuentes, Garrido y Rollán ha llegado a su fin. El próximo 11 de junio se constituirá la nueva Mesa de la Asamblea de Madrid, pero el Gobierno en funciones gobernado por el PP sigue soltando lastre. El Consejo de Gobierno autorizó el pasado martes el pago de 258.460,41 euros para cumplir la sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) del pasado 21 de noviembre de 2018.

En esa sentencia, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo se condena a la Comunidad de Madrid a pagar a 'Concesiones de Madrid S.A' la cantidad de 244.951,18 euros porque el Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid no abonó, en tiempo y forma, doce facturas a la empresa que se encarga explotar el tramo N-II del eje O'Donnell de la M-45.

El TSJM condena a la Comunidad de Madrid a pagar los "intereses moratorios devengados por el pago tardío de las facturas", más los 13.509 euros de intereses por el tiempo que ha pasado desde la sentencia y los 2.000 euros de las costas por el proceso judicial.

El Gobierno madrileño podría haber recurrido en casación ante la misma sala del TSJM, pero decidió no hacerlo y pagar.

Un proyecto ruinoso

Esta sentencia condenatoria se suma a los otros 1'5 millones de euros que la Comunidad de Madrid también tuvo que abonar a OHL por facturas impagadas o tardías.

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La M-45, conocida como el peaje en la sombra, ha entrampado a los madrileños que acabarán pagando 2.000 millones por una carretera privada de 36 kilómetros, según reconoció la Consejería de Transportes en sede parlamentaria.

La Comunidad de Madrid admitió que, desde 2002, han pagado a las concesionarias que explotan esta carretera privada más de 208 millones fuera de lo previsto. Pero el agujero puede ser mayor porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid reconoció que "no tiene recursos propios" para calcular el despilfarro de la M-45. Será una empresa privada quien calcule cuánto dinero recortará la Comunidad de Madrid a las concesionarias que gestionan el ruinoso proyecto del 'peaje en la sombra'. Podemos llevó este expolio ante la Fiscalía Anticorrupción, pero se inhibió en favor de la Fiscalía Provincial de Madrid.