Pedro Antonio Sánchez, citado a comparecer en el juzgado de Lorca a final de junio "con acuse de recibo internacional"

Murcia

Según ha sabido Radio Murcia, una providencia de la Jueza Consuelo Andreo, fechada el pasado 20 de Mayo, pide al ex-presidente murciano que comparezca junto a tres personas más: la que fuera interventora municipal del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, una arquitecta de Lorca y un empresario de una conocida constructora, URDECON.

En el caso de uno de ellos, pide la jueza "la averiguación de su actual paradero" y cuando se refiere a Pedro Antonio Sánchez se le cita "con acuse de recibo internacional" -dado que fijó su residencia en Miami- para que comparezca el proximo 26 de junio. Ese día, en principio, está previsto que les sea trasladada la querella que hay contra ellos

Es la misma jueza que acaba de dictar apertura de juicio oral contra el ex-presidente por el caso Auditorio y le cita el mismo día para informarle de ambos asuntos.

Aquí lo que se investiga es el proceso de adjudicación y construcción de varios edificios públicos en Puerto Lumbreras. El fiscal sospecha que se emitieron certificaciones falsas para cobrar y desviar varias subvenciones con las que se tenían que construir los centros de Atención a la Infancia y de la Mujer en Puerto Lumbreras mientras Sánchez era alcalde del municipio (años 2006-2009)

El denunciante es el fiscal superior que explica que, por ejemplo, el ayuntamiento pidió dos subvenciones diferentes para la construcción de los edificios. El dinero lo aportó el Ministerio de Trabajo pero también la Comunidad Autónoma: 192.000 euros, primero y 473.000 euros después. La clave, según el fiscal, es que se pidió subvención para construir dos centros, con nombres diferentes y en el mismo solar, pero al final sólo se construyó uno. Según el fiscal, se hizo "camuflando un proyecto dentro del otro con lo que las ayudas concedidas a uno de los proyectos tuvieron un destino desconocido"

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Las obras empezaron el mismo día y la Fiscalía sospecha que "trataba de ocultarse que era la misma obra" y que el dinero de una de las subvenciones se había usado para otros motivos. Lo dice así: "Los responsables del Ayuntamiento, a fin de ocultar que el importe de la subvención recibida para la construcción y equipamiento del Centro de Conciliación -el impulsado desde Trabajo- se había dedicado a otros fines distintos, se inventaron certificaciones que no se correspondían con la realización de obra alguna".

Cuando terminó la obra ,sólo había un edificio y, según la fiscalía, los fondos de una de las subvenciones habían desaparecido.

Según la querella del fiscal ocurrió lo mismo con la construcción de un Centro de la Mujer y varias subvención por valor de más 600.000 euros concedidas en varias tandas por el Instituto de la Mujer de la CARM. Según la Fiscalía, tras sucesivas ampliaciones del proyecto, el dinero de la subvención "se había destinado a otros fines" desconocidos.