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Estrategia dilatoria

Si la intención de Audasa era ganar tiempo, y demorar al máximo la celebración del juicio por el supuesto cobro abusivo de peajes durante las obras de Rande, le salió mal

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Pontevedra

Todo apunta a que este asunto no tardará demasiado en resolverse judicialmente. La Plataforma Empresarial de Afectados de la AP-9 tiene claro que lo que intentó Audasa fue una estrategia dilatoria, pretendía ganar tiempo y retrasar el proceso judicial al proponer que el juicio se resolviera por la vía contenciosa.

El abogado de la plataforma, Xoán Pérez Lema dice que la argumentación de Audasa es muy peregrina metiendo al Estado por el medio, y que debe ser el juzgado Mercantil el que lleve el caso.

Pérez Lema entiende que el proceso no se puede demorar mucho más en el tiempo y que durante este año debería señalarse los juicios: uno para los particulares y otro para los profesionales y autónomos.

La Fiscalía insta al Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra a dictar una sentencia declarando la nulidad del cobro íntegro de los peajes durante 3 años. Fiscalía reconoce que se desconoce el número de afectados, pero revela que Audasa ha transmitido que durante el período analizado "existieron unos 77 millones de tránsitos y la recaudación por peajes correspondientes a vehículos ligeros ascendió a unos 90 millones de euros".

 
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