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Miércoles, 17 de Julio de 2019

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Nueva acusación de cesión ilegal de mano de obra a la Diputación de Cádiz

La Inspección de Trabajo considera que existen diferencias en la base de cotización entre los salarios realmente percibidos por los trabajadores y los salarios que les correspondería percibir

La Inspección de Trabajo ha vuelto a acusar a la Diputación de Cádiz de incurrir en un delito de cesión ilegal de mano de obra con la empresa privada cuyo nombre responde a las siglas ALC, la adjudicataria de su Servicio de Recaudación de la Diputación de Cádiz.

En el acta de infracción se detallan irregularidades prácticamente iguales que las que indicó la Inspección de Trabajo en la anterior denuncia que le interpuso al ente provincial, en mayo de este año. Todas ellas dirigidas a una conclusión: la empresa no ejerce las funciones inherentes a la condición de empresario, como son la direccion y la planificacion del trabajo de sus empleados, pone a los empleados a mera disposición de la Diputación y considera que hay trabajadores que están llevando a cabo las mismas tareas que los funcionarios, sin cobrar lo mismo y sin tener las mismas condiciones laborales.

Según el informe, al que ha tenido acceso Radio Cádiz, los 15 empleados afectados por la situación trabajan en la sede que tiene el Servicio de Recaudación de la Diputación en Puerto Real. Es decir, desarrollan su labor en las mismas dependencias que los funcionarios de la Unidad Técnica Tributaria. De hecho, el acta reza que trabajan en "un espacio común que comparten, donde se atiende al público, sin ningún tipo de identificación o elemento distintivo respecto a los trabajadores de la Diputación".

También señala que utilizan como herramienta principal un ordenador que les ha facilitado ALC, pero que "el resto de los medios son facilitados por Diputación", e indica que "la planificación y la supervisión de su trabajo la realiza la Diputación".

En cuanto a las tareas que desarrollan, para las que la Diputación les ha proporcionado claves de usuario y acceso como sucede con los funcionarios, la Inspección de Trabajo considera que los trabajadores de la empresa externa están realizando el mismo trabajo que los funcionarios -de hecho están contratados como auxiliares administrativos- pero "con diferencias en la base de cotización, entre los salarios realmente percibidos por el trabajador y los salarios que le correspondería recibir, de acuerdo con las retribuciones mensuales y pagas extraordinarias establecidas por la Diputación de Cádiz para Auxiliar Adiministrativo de Recaudación".

Además, el acta manifiesta que el Jefe de la Unidad Técnica Tributaria de Puerto Real, del Servicio de Recaudación de la administración es quien les lleva "el control horario en la oficina y la coordinación de las vacaciones", y que "la planificación y la supervisión de su trabajo lo realiza la Diputación".

Estos hechos probados por la Inspección la han llevado a concluir que existe una "falta de dirección y de un control efectivo del trabajo realizado" por parte de la empresa, por lo que determina que existe una cesión ilegal de trabajadores, tipificada como muy grave según el artículo 8.2 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, Real Decreto Legislativo 5/2000 del 4 de agosto. Esta presunta irregularidad está ahora a la espera de la resolución, y sobre la misma que cabrán alegaciones.

El exdelegado sindical, José Miguel Ahumada, asegura que los trabajadores están cobrando en torno a los 1.000 euros al mes, lo que supone un importe anual, entre los sueldos de todos, de unos 150.000 euros al año. Esa cantidad la perciben por parte de su empresa, quien a su vez recibe el dinero del ente provincial por los servicios que le presta.

El pliego de condiciones del contrato detalla que el importe anual que Diputación paga a ALC es de más de 1.400.000 euros. Una diferencia con el gasto en sueldos de más de un millón de euros que la empresa no destina a una sede en la que sus empleados trabajen, porque lo hacen en las instalaciones de Diputación, y que tampoco destina al material, que según la Inspección de Trabajo, a excepción de los ordenadores, lo proporciona la administración supramunicipal.

Para Ahumada, que califica el hecho de "privatización encubierta", apunta que "esto está sucediendo en el Servicio de Gestión y en el de Catastro, pero no sabemos hasta donde puede llegar, porque esta empresa también lleva la Inspección de Tributos y lleva las multas de toda la provincia".

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