Anticorrupción, Blasco y Tauroni mantienen sus pactos y Generalitat y Coordinadora se oponen "radicalmente"

La Fiscalía Anticorrupción y la Coordinadora de ONGD se han sumado a los cinco millones de euros que reclama la Abogacía de la Generalitat a los principales encausados del Caso Blasco. Fiscalía y acusación popular elevan así su petición de responsabilidad civil, que en principio era más baja. Por lo demás, en sus conclusiones, el Fiscal Anticorrupción, Jesús Carrasco, ha defendido los acuerdos que firmó con los principales encausados y los ha calificado como "benévolos".

Además, ha negado la existencia de ningún "circo mediático" como afirman las defensas de los acusados. Al tiempo ha querido poner en valor no ya las confesiones, sino la gran cantidad de pruebas existentes. Carrasco ha centrado buena parte de sus conclusiones en combatir la "insistente intención" de las defensas en invalidar el juicio por estar ante un supuesto de "cosa juzgada".

El fiscal ha explicado que eso es manipular la realidad, que las piezas del Caso Blasco son distintas, tienen "objetos de enjuiciamiento diferentes" a pesar de las coincidencias de los participantes y de las coincidencias cronológicas. También ha sido muy crítico con la actuación acosadora de algunas defensas buscando desviar la atención del tribunal y ha citado al abogado de Rafael Blasco, Javier Boix.

La Abogacía de la Generalitat se ha opuesto a las conformidades porque la confesión llegó tan tarde que todo estaba acreditado y, por tanto, no han servido para nada. Y porque tampoco ha quedado acreditada la reparación del daño. Es más, ha sido muy crítica con los inmuebles que algunos acusados han dado en pago como un bajo de Rafael Blasco cuyo valor real es de 200.000 euros, y no 400.000 y que además está arrendado.

Además, la Abogacía de la Generalitat Valenciana entiende que no basta con la calificación de asociación ilícita porque "no se repara todo", hay que tener en cuenta el daño a la reputación de la Administración, de las ONGD, del funcionariado. Por eso entiende que la tipificación adecuada es una organización criminal, o en su caso un grupo criminal por parte de Blasco, los hermanos Tauroni, Llinares y Castel.

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De hecho, la Abogacía de la Generalitat calcula que Tauroni se habría llevado en torno al 50% de lo desviado. Este jueves será el turno de la acusación popular, la coordinadora valenciana de ONGD.