Sant Antoni notifica a Costas un centenar de fondeos irregulares en zonas de su competencia

Sant Antoni de Portmany

El departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sant Antoni ha detectado un centenar de fondeos irregulares en áreas cuya competencia recae en Demarcación de Costas.

Según ha informado el Consistorio, estos fondeos sin autorización se encuentran ubicados frente a la playa de S'Arenal, en Coves Blanques y en las zonas de Caló des Moro, Cala Gració y Punta Galera.

El Ayuntamiento ha explicado que no ostenta la competencia de tutela y policía en estas zonas de dominio público marítimo-terrestre, motivo por el cual ha dado traslado a Costas de estas infracciones y ha solicitado su intervención con el fin de actuar sobre estas embarcaciones fondeadas sin autorización.

Desde el departamento de Medio Ambiente han recordado que la situación actual de masificación, especialmente en la bahía de Portmany, no permite obtener las garantías de seguridad que deberían existir según la normativa actual vigente.

En este sentido, las infracciones detectadas se deben a embarcaciones que se encuentran fondeadas mediante estructuras fijas que no constan como autorizadas por la Demarcación de Costas.

Por otra parte, el Consistorio también ha remitido varias infracciones en virtud del Decreto 25/2018 de 27 de julio, sobre la conservación de la posidonia en Baleares, ya que en él se encuentra catalogada la pradera de la playa de Cala Salada, prohibiéndose el fondeo en toda la zona.

En este sentido, el servicio de salvamento, socorrismo y accesibilidad a las playas de Sant Antoni está vigilando esta temporada el fondeo incontrolado en Cala Salada a través de una labor informativa, advirtiendo de esta prohibición a toda embarcación que fondea en la zona a regular.

Desde el Ayuntamiento ya se ha impulsado un sistema de fondeo de bajo impacto en la zona y se espera que, una vez recibidas las autorizaciones pertinentes, permitan el uso de esta área para la próxima temporada estival.

A su vez, también esperan que el Govern balear habilite un sistema propio de vigilancia de estas praderas, ya que actualmente todo el control en esta zona ha recaído en el Ayuntamiento