Levante-Real Zaragoza, ¿hubo amaño?

La Audicencia de Valencia juzgará desde este martes si el Real Zaragoza compró el partido que sirvió para seguir en Primera la temporada 2011-2012

Radio Zaragoza02/09/2019 - 10:56 UTC

Zaragoza

El Real Zaragoza se sienta este martes en el banquillo de los acusados en el juicio por el supuesto amaño del partido contra el Levante, en el Ciudad de Valencia, de mayo de 2011, que supuso la permanencia del equipo en Primera División. Además de la sociedad deportiva, serán juzgadas otras 41 personas.

eL REAL ZARAGOZA, TAMBIÉN ACUSADO DE FRAUDE FISCAL

El club volverá a compartir banquillo de los acusados con Agapito Iglesias, Francisco Checa y Javier Porquera por un supuesto fraude fiscal. En este segundo juicio también estará acusado el ex jugador blanquillo Peter Luccin. Este caso se inició con una denuncia de la Agencia Tributaria, que sospechó que pudo haberse cometido un fraude de más de 895.000 euros, al camuflar como finiquito del jugador lo que tenía que haber formado parte de su sueldo.

Están acusados de corrupción deportiva los 18 jugadores convocados por cada equipo y buena parte de la directiva del club blanquillo en aquel momento: el presidente Agapito Iglesias, el director deportivo Antonio Prieto, los consejeros Javier Porquera y Francisco Checa y el entrenador Javier Aguirre. Además, Iglesias, Porquera, Checa y la Sociedad Anónima Deportiva serán juzgados por un delito de falsedad en documento mercantil.

Algunos acusados siguen en activo

De todos los implicados, ahora mismo sólo permanece en el Real Zaragoza, todavía como consejero, Francisco Checa. También siguen en activo varios jugadores como Da Silva, Gabi o Ander Herrera, aunque ya no vistan la camiseta blanquila. Para todos ellos este juicio puede suponer el fin de su carrera deportiva porque la Fiscalía pide para los 41 acusados de corrupción deportiva 2 años de cárcel y 6 de inhabilitación deportiva, además de una multa de casi 2 millones de euros. Esa misma multa también puede caerle al propio club, que además se enfrenta a una petición de condena de 730.000 euros en dos años por la falsedad en documento mercantil.