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Martes, 10 de Diciembre de 2019

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Más de seis años de prisión para el juez Alba por conspirar contra la diputada Victoria Rosell

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias le considera responsable de los delitos de cohecho y falsedad documental

El juez Salvador Alba (centro) durante el juicio. /

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha condenado al juez Salvador Alba a seis años y tres meses de prisión por un delito de prevaricación, cohecho y falsedad documental, y 18 de inhabilitación por conspirar contra la diputada de Podemos, Victoria Rosell.

La sentencia del alto Tribunal canario, que está siendo notificada a las partes, fija una indemnización a la también exmagistrada de 60.000 euros pero le absuelve de los cargos de negociaciones prohibidas a funcionarios y revelación de secretos. Además se le deniega la autorización para interponer querella e injurias contra la actual parlamentaria. El auto puede ser recurrido en casación ante el Supremo.

Los hechos por los que el magistrado de la Audiencia de Las Palmas va a perder su condición de juez, salvo resolución en contrario del Tribunal Supremo, sucedieron después de que solicitara sustituir a Rosell en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, donde se investigaba si una empresa de Ramírez había defraudado varios millones de euros al erario público.

El TSJC declara suficientemente demostrado que Alba citó al principal imputado en esos hechos, Ramírez, a una reunión en su sin la asistencia de su letrado que preparó con anterioridad, incluso pidiendo a los responsables de seguridad de la Ciudad de la Justicia que el empresario no accediera a su despacho por la puerta principal, sino por el garaje y por el circuito reservado.

En esa reunión, reconoce el tribunal, Alba expresó a Ramírez su intención de conseguir pruebas que demostrasen Rosell había instruido su causa de fraude fiscal a pesar de tener intereses económicos indirectos en el asunto: las supuestas relaciones comerciales entre su pareja, el periodista Carlos Sosa, y las empresas del entonces propietario de Seguridad Integral Canaria.

Esa posible conexión -que de ser cierta habría obligado a Rosell a apartarse de ese caso- ya había sido objeto de una investigación disciplinaria iniciada a instancias de la Fiscalía de Las Palmas, pero que finalizó con dos resoluciones favorables a la juez y parlamentaria de Podemos tanto del Consejo General del Poder Judicial como de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC.

Animadversión probada

Para el TSJC, se ha probado que existía una animadversión entre Alba y Rosell y también que el procesado "torció" un procedimiento penal para obtener de forma ilícita contratos que pudieran incriminarla, incluso ofreciendo a Ramírez la posibilidad de archivar su caso no solo por una mera nulidad formal, sino entrando "al fondo del asunto" de forma que quedara definitivamente a salvo de las reclamaciones de Hacienda y la Seguridad Social por el presunto fraude en las cotizaciones de sus empleados.

La Sala remarca que, en este "singular caso", Alba buscó no solo perjudicar a Victoria Rosell -que a la postre acabó dimitiendo como diputada-, sino también "favorecer" la opciones de que el Tribunal Supremo admitiera la querella que había formulado contra ella con ese mismo tipo de acusaciones el entonces ministro y rival político en la circunscripción electoral de Las Palmas, José Manuel Soria.

El tribunal considera que Alba prevaricó en las decisiones que tomó para obtener esos contratos al margen del procedimiento legal, cometió falsedad al "omitir deliberadamente" al Supremo en sus informes cómo había conseguido esa información y cometió cohecho pasivo simplemente al ofrecer un archivo de la causa al empresario Ramírez, "al margen" de que luego no llegara a tomar esa decisión.

Y todo ello, añade expresamente el TSJC, cuando "no constaban en realidad relaciones de cuyo contenido y fecha pudiera derivarse un interés espurio de la señora Rosell" en el caso de fraude fiscal abierto en su juzgado de la capital grancanaria contra Ramírez.

Durante el juicio, la defensa de Salvador Alba pidió la nulidad de todo el procedimiento porque lo consideraba basado en una grabación ilegal: la que hizo sin que él lo supiera de su reunión el empresario Miguel Ángel Ramírez, que la puso a disposición de la Justicia en cuanto el dejó de sustituir a Rosell en el juzgado.

El TSJC no solo avala esa grabación como medio de prueba "fiable", sino que además valida su licitud: la obtuvo uno de los partícipes en la conversación, sin que el acusado pueda invocar a su favor la protección legal de su despacho profesional en la Ciudad de la Justicia, por lo "intolerable" que resulta "el contexto y contenido de esa entrevista (entre un juez y un imputado sin asistencia letrada), impropia tanto en su fondo como en su forma".

Para los tres magistrados que suscriben la condena, las pruebas disponibles demuestran que pasó lo que denunciaban las acusaciones: que desde que Alba sustituyó a Rosell en su juzgado hasta que cesó en ese cargo (del 3 de noviembre de 2015 al 3 de mayo de 2016) realizó "una serie de acciones dirigidas a la instrumentalización arbitraria" de una causa penal "con un determinado fin: perjudicar personal y profesionalmente a su antecesora".

Salvador Alba estaba acusado además de otros dos delitos (revelación de secretos, por una posible filtración a la prensa, y negociaciones prohibidas a funcionarios). Del primero, dice la sentencia que no se ha podido demostrar que él fuera quien filtró las declaraciones de Ramírez incriminatorias contra Rosell a dos periódicos; del segundo, aclara que esa posible infracción ya está cubierta por los cargos de prevaricación, cohecho y falsedad.

La sentencia condena al acusado a indemnizar a Rosell con 60.000 euros por los daños psicológicos (un transtorno ansioso-depresivo, entre ellos) y materiales que le ocasionó con su conducta.

Victoria Rosell: "Alba no volverá a hacer daño"

La diputada de Podemos, Victoria Rosell, ha expresado en la Cadena SER su satisfacción por la sentencia que "evitara" que el juez Salvador Alba "vuelva a hacerle daño a alguien, porque va a estar 18 años inhabilitado para ser juez".

Sigue en libertad

La Fiscalía no se ha planteado por el momento solicitar el ingreso en prisión del juez condenado ya que la sentencia no es firme y cabe recurso ante la Sala penal del Tribunal Supremo. Mientras tanto, el juez Alba seguirá suspendido en sus funciones y si finalmente la sentencia condenatoria es ratificada por el Supremo, seria expulsado de la carrera judicial.

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