La Audiencia absuelve a Miguel Osuna y condena a García Gallardo por el caso Quality Food

Cádiz

La Audiencia Provincial de Cádiz ha absuelto al exdelegado de la Zona Franca de Cádiz Miguel Osuna (PP) de los delitos de malversación y estafa de los que se le acusaba en el caso Quality Food, mientras que ha condenado a diez años de cárcel al empresario Manuel García Gallardo.

La sección tercera de la Audiencia gaditana establece que "no ha quedado acreditado que Miguel Osuna y (su entonces jefe de gabinete) José Manuel Fedriani se hubieran concertado" con García Gallardo "para llevar a cabo todas o algunas de las conductas enjuiciadas".

El caso había partido de una querella presentada por la Zona Franca de Cádiz hace 16 años, contra el empresario Manuel García Gallardo, acusado de causar un millonario quebranto económico al Consorcio en la puesta en marcha de una empresa alimenticia llamada Quality Food.

La investigación que propició Osuna cuando era delegado entre 2001 y 2004 terminó volviéndose en su contra y de su jefe de gabinete, a raíz de un informe de la Abogacía del Estado, por el que ambos terminaron acusados.

Ahora la sentencia considera que ninguno de los dos "fue parte de un plan para despatrimonializar a la sociedad Quality Food, conocedores de que la misma recibía grandes sumas de dinero público".

En cambio, el tribunal sí considera probada la actuación delictiva de García Gallardo, al que se condena a diez años de cárcel por los delitos de estafa agravada en concurso medial, falsedad en documento mercantil, apropiación indebida en concurso real con un delito de falsedad documental y apropiación indebida agravada.

El director de una entidad financiera que colaboró con el empresario también ha sido condenado a cuatro años de prisión por estafa agravada.

La Audiencia condena a García Gallardo a pagar a la sociedad Quality Food, ahora dependiente de Zona Franca, las cantidades de 367.655 euros y 594.828,89 euros en concepto de indemnización.

La sentencia cuenta con 277 folios y el añadido de un voto particular de uno de los tres miembros del tribunal, en el que expresa su disconformidad con la absolución de Miguel Osuna.

Este juez considera que tanto Osuna como García Gallardo sí deberían haber sido condenados por malversación.

La Fiscalía pedía 16 años y siete meses de cárcel para García Gallardo por siete delitos: estafa, falsedad en documento mercantil, fraude, administración desleal y apropiación indebida, malversación de caudales públicos y delito societario. En estos dos últimos los considera cooperador necesario. Para su madre, 14 años y siete meses. Para Osuna y Fedriani, la Fiscalía llegó a pedir diez años de cárcel.

El juicio trató de dirimir la querella presentada hace 16 años por el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, cuando era delegado el socialista José de Mier. Entonces la Zona Franca entendió que el empresario Manuel García Gallardo había engañado a la administración pública al montar la empresa Quality Food, especializada en comidas prefabricadas.

García Gallardo, que entonces pertenecía a Nuevas Generaciones de San Fernando, pasó de ser un empresario modelo para los dirigentes del PP de Cádiz a un acérrimo enemigo. La empres fue en el año 2000. Su proyecto gustó entre las filas de su partido. Según reveló el empresario en el juzgado el interés por su compañía fue generalizado en la Zona Franca y el Ayuntamiento gaditano, ambas administraciones presididas entonces por Teófila Martínez. Los caminos entre empresario y dirigentes del PP se separaron en 2003, cuando la Zona Franca decidió comprar en la navidad de aquel año la mayoría de acciones. Fue el inicio del litigio, que situó inicilamente a García Gallardo como denunciado por la vía penal.

La investigación judicial abierta dio un giro en 2012, tras ocho años de instrucción, cuando la Abogacía del Estado implicó como participante activo de la estafa al exdelegado de la Zona Franca, Migue Osuna, del PP, y a su jefe de gabinete, José Manuel Fedriani.

Paralelamente a la vía penal, Zona Franca y García Gallardo se enfrentaron por la vía civil y mercantil. Esta última vía fue ganada por el empresario que aguardaba la resolución del juicio penal en la Audiencia Provincial para ejecutar esa sentencia, que obligaría al Consorcio fiscal la cantidad de unos 15 millones de euros.