La jueza manda a prisión al gerente y al administrador único de Magrudis por el brote de listeria
La magistrada Pilar Ordoñez ha dejado en libertad a a sus hijo Mario Marín, propietario de Cárnicas Mario, una empresa que carece de registro sanitario
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Sevilla
José Antonio Marín, dueño de hecho de Magrudis, y su hijo Sandro Marín, dueño de derecho, están en prisión porque la jueza, Pilar Ordóñez, aprecia riesgo de fuga dada las penas que se les pueden imponer y riesgo de reiteración delictiva. Son los supuestos responsables del brote de listeriosis que ha provocado tres muertes, siete abortos y más de 200 infectados en España.
Estas dos personas están siendo investigadas por un supuesto delito contra la salud pública en concurso con tres Homicidios por imprudencia grave, numerosas lesiones y lesiones con resultado de aborto.
Mario Marín, dueño de Cárnicos Mario, ha quedado en libertad con cargos. Tendrá que comparecer en los juzgados los días 11 y 25 de cada mes. Esta empresa, situada en la nave contigua a Magrudis, se dedicaba a vender sus productos a Magrudis, según el abogado de la familia Marín, Hilario Aranda.
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La jueza explica en el auto de prisión que los investigados tenían conocimiento, al menos desde diciembre de 2018, de que la bacteria estaba en sus instalaciones. El lote de carne mechada que dio positivo en febrero a una analítica del laboratorio Microal está etiquetado el 20 de diciembre. Sin embargo, no consta que se lo comunicaran a la autoridad sanitaria ni que tomarán medida alguna. Ni siquiera se lo comunicaron a sus trabajadores para que adoptarán alguna prevención. Esta analítica se encargó porque la empresa tuvo conocimiento de que algunas personas se habían intoxicado en Huelva.
De este modo, señala la magistrada, "el producto nocivo para la salud de las personas fue puesto en el mercado, perdiéndose el dominio sobre el riesgo creado". Pilar Ordóñez reconoce que no imaginaban el resultado pero "sí tenían conocimiento de esa eventualidad y de la probabilidad de que el producto podía causar daño en la salud de los consumidores, como ha ocurrido, eludiendo todas las obligaciones que les impone la ley para que los productos alimenticios cumplan los criterios biológicos.
Los dos encarcelados han respondido a las preguntas de su defensa y de la jueza. Han manifestado que cuando Microal les comunicó que un lote de su carne mechá estaba contaminada ellos llamaron a sus clientes y tiraron a los contenedores la que tenían en su sede. Sin embargo, en la investigación no hay constancia de ello. Tampoco se ha podido determinar el origen de las carnes con las que fabricaban sus productos. Aunque el abogado de los Marín ha asegurado que era en establecimiento de la provincia de Sevilla.
José Antonio Marín también ha dicho que "no sabía" que estaba obligado a comunicar a las autoridades sanitarias un positivo a listeria. Tanto él como su hijo han afirmado que cuando tuvieron noticia de ese positivo limpiaron con lejía "todo muy bien" y repitieron los análisis con otro laboratorio. "En mayo, junio y julio las analíticas fueron negativas", ha apostillado su letrado a los periodistas. Y ha añadido que el lote de febrero no pudo causar la "crisis" del verano porque era un lote caducado.
La magistrada cifra en 800.000 euros los gastos que este brote ha causado en la sanidad pública de los hospitales sevillanos Virgen del Rocío y Virgen Macarena.
