Estos son los planes de Atarfe para reactivar la 'ciudad fantasma' de Medina Elvira
El concejal de Urbanismo inicia negociaciones que incluyen, incluso, demoliciones parciales aunque la solución definitiva tardará años
Granada
El Ayuntamiento de Atarfe ha puesto en marcha la maquinaria burocrática para la legalización de la macrourbanización Medina Elvira, lo que incluirá modificación de alturas y hasta demoliciones parciales.
El concejal de Urbanismo ha comenzado la negociación con los propietarios de suelo y de edificios ya construidos o por terminar para encontrar una solución al bloqueo urbanístico y judicial de la zona. Los principales propietarios son los bancos, que se quedaron con las promociones tras el gran fiasco de la urbanización fantasma. El concejal José Manuel Peula ha explicado en 'Hoy por Hoy Granada' que propondrá a las promociones adecuar lo construido o lo que queda por levantar a las normas actuales. Eso supondrá menos volumen edificado, cesiones al municipios e incluso demoliciones parciales.
Es la única vía, aunque lenta, para intentar retomar la actividad y la legalidad en la zona donde solo viven 40 familias en medio de un mar de hormigón totalmente abandonado y sin servicios públicos.
Independientemente de que habrá que esperar las sentencias pendientes, los propietarios de la macrourbanización están dispuestos a participar en el plan municipal propuesto, según el concejal de Urbanismo.
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El Ayuntamiento de Atarfe quiere reflotar Medina Elvira a lo largo de esta legislatura municipal pero, dice el concejal, respetando el rico entorno medioambiental y, desde luego, la legalidad en todos los frentes. El proceso es lento y largo.
El objetivo prioritario es dar servicios a las 40 familias que viven en la zona y que tienen luz y agua por sentencia judicial pero ningún otro servicio.
También existen conversaciones para reflotar el abandonado campo de golf con propuestas que beneficien a la ciudadanía.
Medina Elvira es una gran urbanización con campo de golf a las faldas del pantano del Cubilla donde hace una década se construyeron más de 500 viviendas.
La crisis del ladrillo y los planeamientos urbanísticos viciados en origen (la mayoría ilegales) provocaron el abandono del proyecto, sobre el que aún pesan numerosos procesos judiciales.