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Viernes, 18 de Octubre de 2019

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Beardo plantea una revisión del PGOU de El Puerto

El alcalde dice que un recurso contra la sentencia del TSJA dará margen de actuación antes de que el fallo sea firme

Un momento de la rueda de prensa /

El Puerto de Santa María

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo (PP), anunció que hoy que, a falta de una última reunión técnica con la Junta de Andalucía prevista para mañana, el gobierno local prevé la formalización de un recurso de casación contra la sentencia del TSJA que ha anulado el Plan de ordenación urbana de la ciudad.

Con ello el Ayuntamiento se garantiza que el Plan continúe en vigor de manera cautelar entretanto el Tribunal Supremo valora el recurso municipal, un proceso que puede llevar, según la estimación del alcalde, entre dos y cuatro años.

En ese intervalo de tiempo, el Ayuntamiento espera tener avanzada la revisión actual plan de ordenación urbana, incorporando las medias ambientales que reclama el TSJA, hasta normalizar por completo la situación.

El Ayuntamiento dispone de un plazo de un mes para formalizar su recurso. En caso de no hacerlo, el fallo del tribunal andaluz será firme, y el PGOU aprobado de manera provisional en 2012 y de manera definitiva en 2013, será suspendido. En este supuesto la ciudad se debería regir por el anterior Plan, de 1992, hasta la redacción, tramitación y aprobación de uno nuevo.

Beardo ha explicado en rueda de prensa que el PGOU mantiene su vigencia mientras que no exista una sentencia firme, por lo que ha llamado, de nuevo, a la tranquilidad de ciudadanos e inversores.

Por otra parte, el responsable municipal explicó que algunas de las actuaciones pendientes en materia urbanística en la ciudad no se deben ver afectadas por la anulación del PGOU. En el caso del Plan Especial del Casco Histórico y de los desarrollos pendientes en las márgenes del río, disponen, explicó, de mecanismos de protección que garantizan su validez. En el caso de los proyectos hoteleros previstos en La Puntilla y en el Cangrejo Rojo, los terrenos ya contaban con declaración de suelo hotelero con anterioridad al PGOU suspendido, por lo que no varía su situación legal.

En el caso de los procesos de regularización de viviendas construidas de manera ilegal, el periodo que tiempo que ofrecería el recurso que prepara el ayuntamiento facilitará  margen suficiente para volver a normalizar la situación.

 

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