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Martes, 18 de Febrero de 2020

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El PP pide la comparecencia de Bravo por el fallo en el desfibrilador de la Ciudad de la Justicia de València

Císcar ha señalado que la investigación abierta por la Conselleria "no puede ser una cortina de humo" para intentar desviar la atención sobre unos hechos "que han costado la vida de una persona"

PPCV pide que Bravo explique en Corts el fallo del desfibrilador de Ciudad de la Justicia y "asuma responsabilidades" / ()

El PP ha solicitado la comparecencia urgente de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, por el fallo de un desfibrilador de la Ciudad de la Justicia de València, donde murió un hombre este jueves.

El presidente del grupo popular en Les Corts, José Císcar, ha indicado que se trata de "una situación muy grave que ha costado la vida a un hombre infartado".

Este jueves falleció un hombre en la Ciudad de la Justicia de València tras sufrir un infarto y no responder a las maniobras de reanimación, realizadas con un desfibrilador que marcaba bajo nivel de batería.

Císcar ha indicado que alguien "está mintiendo" en la Conselleria porque "si eran conocedores desde hace más de un año del mal estado del desfibrilador y que no funcionaba" y ha estado "17 meses sin funcionar", alguien "tiene que dar explicaciones".

Ha señalado que la investigación abierta por la Conselleria sobre el fallo de la batería del desfibrilador "no puede ser una cortina de humo" para intentar desviar la atención sobre unos hechos "muy graves, que han costado la vida de una persona".

Ciudadanos también exige explicaciones

Ciudadanos también exige explicaciones a la consellera Gabriela Bravo ante lo que califican como "dejadez" de la Conselleria de Justicia en materia de prevención de riesgos laborales.

Su diputado en Les Corts, Luis Arquillos, ha registrado una batería de más de 150 preguntas relativas a la situación en la que se encuentra la Administración de Justicia en materia de prevención de riesgos laborales, y en concreto en edificios como la Ciudad de la Justicia de València, que, según ha recordado, sufrió un importante incendio en septiembre de 2017, que supuso un coste de más de 2,7 millones de euros. 

Por eso asegura que la Conselleria es "reincidente", que no "escarmienta" y que, tras este hecho, se demuestra "que no ha tomado medidas". 

Arquillos ha manifestado que lo "único" que ha quedado claro "ante hechos tan graves" como el incendio o la muerte por el no funcionamiento del desfibrilador es que tanto los trabajadores, como las personas que allí acuden para realizar trámites, "se encuentran desprotegidas, no por falta de elementos sino por falta de interés por parte de los responsables”.

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