El gobierno de Cantabria aplaza la acreditación de residencias para buscar acuerdo

Santander

El Gobierno de Cantabria ha propuesto suspender la normativa de acreditación de los centros de atención a la dependencia y la discapacidad a las organizaciones del sector para tratar de llegar a un acuerdo, aunque manteniendo los nuevos precios públicos y las ratios de personal. Lo ha anunciado la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, tras una reunión con representantes de entidades del sector para hablar sobre el decreto aprobado la pasada primavera y que fue recurrido judicialmente por las organizaciones patronales.

Según ha explicado Álvarez, la propuesta es suspender el cronograma pendiente para la aplicación de este decreto, del que hasta ahora han entrado en vigor los precios públicos y las ratios.

El objetivo, ha subrayado, es llegar a un consenso sobre la normativa de acreditación, con el 30 de junio del año próximo como horizonte para cerrar la negociación, y "el ánimo de trabajar conjuntamente por y para los servicios sociales y su desarrollo presente y futuro".

Quedarían así en suspenso las obligaciones que tenían que cumplir los centros a partir del 2 de noviembre pero se mantendrían los precios públicos y las ratios, que ya se cumplen.

En declaraciones a la Cadena SER, el presidente de la Federacion de Empresas de la Dependencia en Cantabria, Ruben Otero, ha destacado que "implica una buena disposición del Gobierno de Cantabria para sentar unas bases de futuro para el funcionamiento de estos centros".  Otero ha añadido que la  intención que ha mostrado la consejera Álvarez es que el 30 de junio de 2020 entre en vigor "algo nuevo o reformado, porque nos empezaremos a sentar para revisar punto por punto lo que está bien o mal y reformar lo que sea necesario o incluso haciendo una normativa nueva".