Familias de Getafe se manifiestan por el riesgo de perder sus casas ante fondos buitre

Getafe

Un centenar de familias de Getafe se manifestarán este sábado, a las cinco de la tarde, en la plaza del Ayuntamiento, para denunciar que están a punto de perder sus viviendas de alquiler por las condiciones, que califican de “abusivas” y que les imponen los propietarios.

Se trata de cincuenta familias del barrio de Los Molinos, situadas en la calle Guarda Cuidadosa y otras tantas de una promoción residencial de la calle José Antonio Aguirre, en el barrio de Buenavista. Éstas últimas, son propiedad de las Sociedades Cotizadas de Inversión de Mercados Inmobiliarios, SOCIMI, a las que la promotora vendió los pisos. Ahora dan un plazo a las familias para marcharse de sus casas, el 8 de noviembre, si no aceptan las nuevas condiciones de los contratos. Los afectados afirman que no sólo se trata de la subida del alquiler, sino de los excesivos requisitos exigidos para firmar el nuevo contrato, “ya que supone tener una nómina de 1.300 euros al mes ó 1.900, dependiendo del contrato”, según Europa Press.

El otro caso, el de los vecinos de Los Molinos, el fondo de inversión dueño de la deuda de la inmobiliaria, les ha remitido una carta para que abandonen los pisos a fecha de finalización de contrato, dándoles una opción a compra. Sin embargo, uno de los afectados que compareció con este caso en el pleno municipal celebrado en febrero, recordaba que no había garantías de que pudieran adquirirlos, ya que el fondo iba a realizar una “ejecución extrajudicial, haciendo subasta notarial”, en la que todo el que reúna ciertos requisitos podrá participar.

Estos dos casos han sido tratados en el pleno celebrado esta semana. En él concejal de Vivienda, Ángel Muñoz, mostró su “rotundo rechazo a que las viviendas de protección pública puedan ser objeto de actuaciones especulativas”, perjudicando a los arrendatarios.

En la sesión se aprobó una moción conjunta de todos los grupos municipales requiriendo a las empresas propietarias de los pisos para que mantengan la comunicación con los vecinos, con el fin de llegar a una solución que respecte sus derechos legales y contractuales e impida desahucios. Además, se solicitaba a la Comunidad de Madrid que participe activamente en las negociaciones para pactar una solución.