Historias de recuerdos sin flores

Cádiz

Estrenando los días de noviembre, el día de Todos los Santos es una jornada en la que miles de personas acuden a los camposantos a recordar a su gente, a sus familiares fallecidos. A mostrarle su respeto, a recordarles que les recuerdan, a visitarles o a poner flores frescas junto al lugar donde descansan sus restos.

Frente a esas familias que conocen en lugar donde reposan sus familiares, hay miles de hijos, nietos, sobrinos o primos que no pueden acudir al cementerio a llevar flores porque no saben dónde están los suyos, porque fueron asesinados en su condición de represaliados.

Este mediodía, en Hoy por Hoy Cádiz, hemos conocido las historias de Mario Guerra y Juan Luis Vega que, junto al asesor del servicio de Memoria Histórica de la Diputación de Cádiz, Miguel Guerra, han reflexionado y expuesto su opinión acerca de la apuesta que se realiza en la provincia gaditana para con las exhumaciones de los represaliados de la Guerra Civil.

Miguel Guerra ha señalado que, aunque la provincia está siendo "punta de lanza", queda mucho por hacer, porque "puede haber aún más de 100 fosas por abrir". Según Guerra, en toda la región, desde el año 2005 se han exhumado más de 500 cuerpos y, solo en la Bahía de Cádiz, han localizado y dado porterior sepultura a 380 personas. Una cifra nutrida principalmente por los 185 exhumados en Puerto Real, y los casi 200 de San Fernando.

Según el asesor, que se hace eco de una investigación del prestigioso historiador Fernando Romero, hay más de 3.000 personas enterradas en fosas que están sin intervenir.

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Guerra ha señalado que los cambios políticos en las administraciones suponen la principal traba para seguir impulsando los trabajos de exhumación y reconocimiento de cuerpos, "poniéndolos en riesgo por cuestiones ideológicas".

Apunta que, según datos de la Coordinadora Andaluza para la Memoria Histórica, "teniendo aprobado el plan andaluz de la memoria ha habido recortes del 62% en la partida de ayudas al estudio, divulgación e investigación", y en la partida de colaboración con las entidades locales para el desarrollo de convenios de exhumaciones "se ha reducido un 75%". Algo que, asegura, "pone en entredicho la voluntad de las familias".

Una vida buscando a su padre

Mario Guerra es natural de Trebujena, y a sus 84 años continúa sin saber dónde están los restos mortales de su padre, Horacio Guerra. A Horacio le fusilaron, junto a su hermano, en septiembre del 36 por asesorar a unos empleados que trabajaban en la finca donde él era costero.

Cuando les ayudó, le despidieron del trabajo, pero posteriormente, y "tras reclamar ante la Junta de Cádiz, le readmitieron e indemnizaron con 650 pesetas", cuenta Mario. En septiembre del 36, Pérez-Lila, dueño de las tierras "denunció a Horacio ante los falangistas", que terminaron con su vida.

Mario no sabe dónde está el cuerpo de Horacio, y aunque piensa que puede estar en Lebrija, no tiene la completa certeza. "Supongo que estará en Lebrija, pero no lo sé, porque a algunos que apresaban allí les traían a Trebujena, y viceversa. Dijeron que lo habían visto muerto en una cuneta allí, e imagino que lo llevarían a una fosa común·", relata Mario, afirmando a continuación,que no pierde la esperanza por encontrarle, pero que se debe llevar a cabo una apuesta decidida de las instituciones.

Descanso moral no concluyente

El otro testimonio ha sido el de Juan Luis Vega. Él es nieto de Francisco Vega, asesinado junto a Catalina, su mujer, y su hermano José. Juan Luis ha luchado sin tregua, junto a su padre Luis, de 90 años, porque alguno de los 10 cuerpos que consiguieron exhumar de una fosa y que posteriormente dieron sepultura, fuera su abuelo Francisco, pero al cotejar las pruebas de ADN en la Universidad de Granada, las pruebas no fueron concluyentes.

Hoy podrán llevar flores a un panteón, y aunque no han logrado concretar cuáles son sus restos, siente una "gran satisfacción personal, porque esas personas están enterradas en su mausoleo, indiferentemente de cómo pensaran o actuaran".

Juan Luis ha demandado la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, porque "impide que lo que los colectivos memorialistas queremos". Además, ha insistido en la necesidad de "que esto sea un deber de estado, porque estamos en el siglo XXI y los familiares exigimos que esto pueda cambiar. Lo reclamo, lo voy a seguir reclamando, sólo tenemos sed de justicia, no de venganza".