Principado y colegios de abogados refuerzan la asistencia jurídica a víctimas de violencia de género
Las entidades de Gijón y Oviedo rubrican un acuerdo con la administración regional que ofrecerá el servicio a 800 mujeres al año
La consejera firma el convenio con los presidentes de ambos colegios / Gobierno de Asturias
Gijón
La consejera de Presidencia, Rita Camblor, ha firmado este martes un convenio de colaboración entre el Principado, el Colegio de Abogados de Oviedo y el Colegio de la Abogacía de Gijón para reforzar la asistencia jurídica a víctimas de violencia de género. Este acuerdo permite ofrecer un servicio de calidad a cerca de 800 mujeres al año. En concreto, desde el 1 de enero hasta el pasado 30 de septiembre, se han atendido 744 asuntos en este turno de guardia.
Por medio de este convenio, la Consejería de Presidencia aportará una subvención global de 91.000 euros a las entidades colegiales para fortalecer la asistencia jurídica a mujeres víctimas de maltrato, antes durante y después del procedimiento judicial. Estos fondos permitirán consolidar los turnos de oficio especializados y mejorar también la formación de profesionales.
En concreto, el Colegio de Abogados de Oviedo recibirá 51.159 euros y el Colegio de la Abogacía de Gijón, 39.925 euros. Ambas entidades se comprometen a difundir entre la ciudadanía los servicios de atención jurídica e impulsar la formación en materia de género. De este modo, se facilitará la identificación de situaciones de violencia no explicitadas por las mujeres y se fomentará el uso de este servicio especializado cuando se detecten indicadores de riesgo.
Los colegios aumentarán también la coordinación entre los diferentes perfiles profesionales que intervienen en el abordaje de los casos de violencia de género y organizarán actividades de formación interdisciplinar para representantes de la magistratura, las fuerzas de seguridad y los servicios sociales y sanitarios.
Por medio de este convenio, los colegios se comprometen a mejorar el conocimiento del servicio de atención jurídica a víctimas de violencia de género entre la ciudadanía, así como la formación de letrados, a fin de detectar situaciones de violencia no explicitadas por las mujeres y fomentar el uso del servicio cuando se objetiven indicadores de riesgo.
