La Junta de Castilla y León requiere las ordenanzas municipales antimacrogranjas
La administración autonómica revisará las normativas impulsadas contra el vertido de purines por ayuntamientos como el de Tábara
Concentración contra las macrogranjas de porcino en la localidad de Cerecinos de Campos / CADENA SER
Ante las reclamaciones por parte de las organizaciones profesionales agrarias sobre las ordenanzas municipales que restringen el uso de purines en sus términos, la Junta de Castilla y León ha pedido a los ayuntamientos que remitan esas normativas.
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Extremo confirmado en la jornada del martes por la delegada territorial Clara San Damián, la dirección general de Política Local de la Junta, requirió por escrito esas ordenanzas a los municipios afectados, como la impulsada por el ayuntamiento de Tábara, con el objeto de comprobar que el desarrollo de estas normativas se ciñe al ámbito competencial de estos consistorios, o si por el contrario están invadiendo el terreno de la administración autonómica.
La alcaldesa de Prado, Barbara Patricia Palmero, o el de Castroverde de Campos, Cecilio Lera, dos municipios que han rechazado la instalación del proyecto de macrogranja de Villanueva del Campo, han mostrado su tranquilidad ante la revisión de las normativas antimacrogranjas por parte de la Junta, dado que según Plamero “todos estamos bajo el imperio de la ley”.
Según Clara San Damián, los municipios deberían haber remitido esas ordenanzas a la Junta para su revisión por si vulneraban la legalidad.
