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Martes, 29 de Septiembre de 2020

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Caso Imelsa

El "yonki del dinero" quiere que declaren ante el juez la consellera de transparencia y el president de la Diputació

Marcos Benavent también señala al expresidente de los populares de la provincia de Valencia Vicente Betoret y al expresidente de la Diputación Jorge Rodríguez.

Afirma que ocultaron un delito cometido por su exsuegro a cambio de las grabaciones germen del Caso Imelsa

Marcos Benavent, el yonki del dinero (archivo)

Marcos Benavent, el yonki del dinero (archivo) / Agencia EFE

Todo en el marco de la causa que investiga a Marcos Benavent, el yonki del dinero, por el caso del Call Center de quien fuera su suegro. Pide su abogado, Ramiro Blasco, que declaren, en el marco de ese caso, la actual consellera de transparencia Rosa Pérez Garijo; el expresidente provincial del PP en Valencia Vicente Betoret; el expresidente de la diputación de Valencia Jorge Rodríguez; el actual presidente de la diputación de Valencia Toni Gaspar y de José Manuel Orengo, que fue miembro del consejo de administración de Imelsa, entre otros.

Recordamos que Benavent mantiene que Pérez Garijo alcanzó un acuerdo con Mariano López, exsuegro de Benavent: que este le entregara toda la documentación y las grabaciones que sirvieron para denunciar el caso Imelsa y que se guardara silencio sobre las irregularidades del Call Center. La actual consellera ya negó en su día esas acusaciones e incluso amagó con la posibilidad de querellarse por lo que considera una absoluta falsedad.

Según la declaración de Benavent todos estaban al tanto de las irregularidades cometidas por su exsuegro y las taparon. Ahora le toca al juez instructor Víctor Gómez decidir si acepta esas declaraciones y en qué condición. Si decidiera investigar a la hoy consellera la causa tendría que llevarse al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana al ser Pérez Garijo aforada.

Recordamos que Mariano López consiguió, a través de una empresa gestionada, la concesión de un servicio de Call Center por parte de Imelsa por más de 800.000 euros. Una concesión supuestamente irregular.

 

 

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