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TRUBINALES

Carlos Espino: "Lo que más ha dolido es el sufrimiento de mis hijos estos diez años"

Entrevista en profundidad a Carlos Espino tras el auto que archiva su causa en los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote. Estuvo acusado durante diez años de malversación de fondos públicos, cohecho, falsedad y prevaricación

Carlos Espino en los estudios de SER Lanzarote / Cadena SER

Arrecife

Carlos Espino es inocente según el auto de archivo dictado por el juez José Luis Martínez Ruíz. Se dijo que Espino había optado por la cocina más cara para Jameos, instalada por un afiliado del PSOE. Sin embargo, el Juez considera documentalmente acreditado en autos que "el presupuesto más estipendioso para las arcas públicas era el presentado por SERHOSTEL, que ascendía a 231.800 euros frente a los 224.454 euros de CLIMAFRICAL, incluyendo impuestos en ambos casos", puede leerse en el auto. Es decir, no era la más cara según el Juez. Además, dice también que el coste final fue superior al presupuestado "por cuestiones técnicas imprevistas" y además, por las horas extra que fueron necesarias para hacer uso de las cocinas para atender al restaurante. Sobre este auto cabe recurso y ya Coalición Canaria, que ha solicitado su personación como acusación popular, ha solicitado en nota de prensa que el PP apoye el recurso por parte de los denunciantes, el Consejo de Administración de los CACT, ahora en manos de PP y PSOE.

Carlos Espino, ex secretario general del PSOE, ex consejero de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, jefe de gabinete de la Presidenta del Cabildo y denunciante de unas de las piezas del Caso Unión, ha pasado por los micófonos de la SER en el análisis de Hoy por Hoy, respondiendo a las preguntas de varios periodistas. Escucha la entrevista completa a Carlos Espino en Hoy por Hoy Lanzarote aquí:

Entrevista a Carlos Espino en el análisis de SER Lanzarote

49:20

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Según el Juez, "está sustancialmente corroborado en el informe pericial de la mercantil Godoy que todas las facturas cumplían los requisitos de facturación recogido en el RD 1496/2003". Según el Juez, este informe acreditó que el incremento del precio en el porcentaje no superó el 20% legalmente previsto al efecto. Y aunque así fuera, esto no entrañaría ni siquiera la comisión de una falta administrativa.

El auto es durísimo contra los denunciantes, dice el magistrado que la querella inicial y su ampliación se basan en un “relato fáctico ciertamente profuso, confuso y difuso",  que “no especifica e individualiza en qué hecho concreto o grupo de hechos quedaría subsumidos cada una de las aseveradas conductas típicas". Dice el Juez que en la denuncia se plantea un “nebuloso contexto bosquejado por la querellante”. Habla el juez de una dilación “absolutamente desafortunada” en el caso, de una “injustificable dilación” y de “indolencia” a la hora de resolver los recursos de reforma instando su nulidad.

Plantea además que desde diciembre de 2015 se admitió la personación como acusación popular de la Asociación de Juristas Jiménez de Asúa, “que ha campado a sus anchas por el procedimiento solicitando diligencias de investigación de signo variado, presentando escritos de diversa naturaleza y logrando en su punto álgido, establecer millonarias cauciones para garantizar las responsabilidades civiles, en atención a la huérfana y lejana solicitud de la acusación popular”, reza el auto.

 
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