El caso que sonrojó al PNV
Han pasado diez años desde que una abogada denunciara presuntos cobros ilegales por parte del diputado Foral de Administración Local, Alfredo De Miguel que encabezaba una "trama al más puro estilo siciliano", en palabras del Fiscal
PNV
Bilbao
Este martes se ha conocido la sentencia del conocido como "caso De Miguel", una presunta trama corrupta liderada por exdirigentes del PNV alavés, que se ha convertido en el proceso más importante de estas características juzgado en Euskadi, con 26 procesados, y que removió al Partido Nacionalista Vasco.
Esta resolución se ha conocido diez años después de que comenzara a instruirse este caso y al cabo de un año desde que concluyó este macrojuicio que se prolongó durante todo 2018.
Entre los 26 acusados figura Alfredo de Miguel, quien fuera número dos de la Ejecutiva del PNV alavés y diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial, a quien la Fiscalía sitúa como el líder de la presunta trama corrupta que ha dado nombre al caso, junto a otros dos exmiembros de la dirección de ese partido en Álava, Aitor Tellería y Koldo Otxandiano.
Además de la vía judicial, el caso motivó una comisión de investigación en el Parlamento Vasco, que aprobó un dictamen con el apoyo de todos los grupos menos el PNV en el que se atribuían responsabilidades a excargos de ese partido.
La actuación judicial llevó al hoy lehendakari y entonces presidente del PNV, Iñigo Urkullu, a pedir a los militantes imputados que entregaran sus carnés de afiliados para desvincular al partido, que según dijo no tenía "nada que ver" con ese caso, algo que hicieron De Miguel, Tellería y Otxandiano unos diez meses después de su detención y tras haber dimitido de sus cargos políticos.
Las penas a las que se enfrentan los acusados
De Miguel se enfrenta a una petición de pena de 29 años y 9 meses de cárcel por una veintena de delitos, entre ellos los de asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho pasivo, coacciones, malversación y tráfico de influencias. Para Telleria y Otxandiano la solicitud de prisión asciende a 13 años y 7 meses para cada uno.
Estos tres imputados junto a sus respectivas esposas y la hermana de De Miguel constituyen, según la Fiscalía, el núcleo de esta trama que creó un entramado societario y personal para aprovecharse de las relaciones que tenían por su pertenencia al PNV con el fin de lograr irregularmente contratos o adjudicaciones públicas para empresas propias y otras con las que tenían vinculación.
El Ministerio Fiscal mantiene que De Miguel, Tellería y Otxandiano llegaron a cobrar por dichas contrataciones cantidades económicas por trabajos que nunca hicieron y recibieron comisiones ilícitas por su intermediación en adjudicaciones de obra pública.
Todo comenzó en diciembre de 2009
La abogada Ainhoa Alberdi denunció ante el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, que el entonces diputado foral Alfredo de Miguel había pedido una comisión de 100.000 euros por su intermediación para lograr un contrato en la ampliación del Parque Tecnológico de Álava.
El caso adquirió relevancia pública el 17 de marzo de 2010 cuando De Miguel fue detenido en su domicilio en Vitoria.
A partir de ahí la causa, investigada por el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, Roberto Ramos, con el impulso del fiscal Izaguirre, comenzó a engordar en folios y número de imputados hasta sumar 26. Entre ellos un exviceconsejero de Cultura y un exdirector de Juventud del Gobierno de Juan José Ibarretxe.
Tras nueve años de instrucción, el juicio arrancó el 8 de enero de 2018 en una sala del Palacio de Justicia que tuvo que ser acondicionada para ello.
Dada la envergadura del caso, el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Álava, compuesto por Jaime Tapia (presidente), Elena Cabero y Raúl Aztiria, dividió el macrojuicio en doce bloques vinculados con las supuestas operaciones fraudulentas llevadas a cabo por la red, entre ellas varias de carácter urbanístico y contratos con el Departamento de Juventud del Gobierno Vasco de Ibarretxe.
A diferencia de lo que suele ser habitual, el juicio no arrancó con la declaración de los acusados, sino que primero se escucharon a los testigos y peritos. Entre ellos destacó la testifical de Alberdi, quien se ratificó en su denuncia y se pudieron escuchar las grabaciones caseras que ella aportó, en las que supuestamente se escuchaba cómo De Miguel le reclamaba la comisión ilícita.
Alberdi insistió en el juicio en que los principales imputados le pidieron "abiertamente" una comisión y destacó la "impunidad", "facilidad" y "alegría" con la que estos exigían "pasar por caja" y su "temor" a no ser la única a la que se le pidió una mordida.
Acuerdo con la Fiscalía
Otro de los momentos álgidos de este juicio llegó tras el parón por las vacaciones de verano. El 17 de septiembre de 2018 estaba fijada la fecha para que comenzaran a declarar los acusados, pero como la Fiscalía estaba negociando un acuerdo de conformidad con los procesados se suspendió la vista. Casi un mes después, Izaguirre reveló que había llegado a un pacto con una parte significativa de ellos -9- para dejar acreditado que había existido una "trama organizada criminal destinada al cobro de comisiones ilícitas".
Entre los que llegaron a este acuerdo no estaba De Miguel pero sí algunos empresarios acusados, que reconocieron ante el tribunal que les habían pedido y cobrado comisiones en una operación urbanística en Zambrana (Álava), cuya exalcaldesa del PNV también está entre los acusados.
El último día del juicio De Miguel negó haber cometido los delitos que se le imputan y aseguró que no se ha demostrado que se hubiera enriquecido de forma ilícita.
Ahora llega el momento de la sentencia pero eso no significa que el caso finalice porque existirá la posibilidad de que las partes recurran
