Investigan la simulación de unas obras en el Instituto Columela por una empresa rumana

Cádiz

La Policía Nacional investiga la simulación de obras de ampliación en el instituto Columela de la capital gaditana, a raíz de una denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de Cádiz, que ha alertado de una posible falsificación de documentos públicos y de usurpación de identidad para justificar unos trabajos en este centro educativo, por más de dos millones de euros, que nunca se realizaron.

Todo comienza cuando en el Ayuntamiento de Cádiz se recibe el pasado 26 de noviembre un correo electrónico de una empresa de Rumanía, la sociedad Acomin S. A., que solicita información sobre un contrato concreto: el realizado por la Compañía Nacional de Inversiones S. A., también con sede en Rumanía, para reformar y ampliar el Instituto Columela de Cádiz en 2014, como subcontrata de la concesionaria de esos trabajos, la empresa Masecons, ubicada en Benalup.

Se trataba de un correo con abundante documentación, puesto que, para pedir datos de ese contrato y de esa obra, se adjuntaban el informe de procedimiento de adquisición pública, la copia del contrato de obras entre la empresa y el Ayuntamiento de Cádiz, el acta de recepción de la obra (con fecha 22 de febrero de 2016) e incluso una carta de recomendación del Ayuntamiento de Cádiz por la buena ejecución de la obra con fecha de 10 de marzo de 2016. La representante de la sociedad Acomin pedía información directamente al Ayuntamiento en ese correo electrónico porque no había encontrado datos de esa obra en ninguna plataforma pública.

A los técnicos municipales les sorprenden estos documentos supuestamente oficiales, con sello y membrete del Ayuntamiento, pero sobre unos trabajos absolutamente desconocidos. No en vano el Consistorio es el encargado de mantener los colegios públicos, pero la reforma y ampliación de estos centros educativos no es competencia municipal, sino que le corresponde a la Junta de Andalucía. Otro dato llamativo es que todos los documentos municipales aparecen firmados y avalados por el secretario general del Ayuntamiento, de nombre Salvador Camacho Lucena. La alerta salta. El secretario municipal no se llama así.

En el contrato de obra consta otro nombre, el del empresario Francisco Estudillo, con domicilio en Benalup, que aparece como representante de la mercantil Masecons. Fue esta empresa la que subcontrató a su vez a la Compañía Nacional de Inversiones S. A., con sede en Rumanía, tras rechazar la oferta de Acomin, que es la que se ha dirigido al Ayuntamiento solicitando información sobre este contrato.

El nombre del supuesto secretario municipal, Salvador Camacho, con domicilio en Sevilla, coincide con el del actual secretario general de la Delegación de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en Sevilla, quien fue denunciado por Ecologistas en Acción por el caso Aznalcóllar. La asociación viene pidiendo su dimisión después de que Camacho haya sido imputado como representante de la Consejería de Medio Ambiente en la Mesa de Contratación que adjudicó fraudulentamente el concurso minero de Aznalcóllar.

Con toda esta información, técnicos y asesores legales del Ayuntamiento se personaron en comisaría el pasado 13 de diciembre para alertar de lo que se podría tratar de una estafa internacional con ramificaciones en la provincia. En la denuncia, a la que ha tenido acceso la SER, consta toda la documentación recibida en el primer correo electrónico y otros posteriores en los que se insiste en la demanda de información concreta sobre trabajadores del Ayuntamiento y los expedientes requeridos. Aunque el Ayuntamiento desconoce el objetivo último de estos mensajes, asegura que presenta esta denuncia al ser patente que contiene información y documentación falsa, a la vez que se pide información sobre la identidad de trabajadores municipales y expedientes de contratación del Ayuntamiento.

En la denuncia se destaca que las obras recogidas en la documentación y valoradas en más dos millones de euros no existieron nunca. También resalta que Salvador Camacho no era secretario municipal del Ayuntamiento en el momento de la firma de esos documentos, por lo que se han creado unos documentos específicos para avalar con nombre falso unos trabajos inexistentes. El objetivo final de todo este intercambio de información, con una empresa de Benalup, documentos falsos del Ayuntamiento de Cádiz y una compañía rumana, es una de las incógnitas que ha de resolver la investigación iniciada por la Policía Nacional.