Los dependientes vascos son los que menos esperan para ser atendidos

Bilbao

Los vascos que solicitan atención en aplicación de la Ley de Dependencia deben esperar una media de 137 días hasta que reciben respuesta de la Administración, el plazo más corto de todas las autonomías, donde la media de espera se sitúa en 426 días.

Euskadi está por tanto dentro del plazo marcado por la ley, que establece que no debe superar los seis meses (180 días), aunque hay 13.890 personas en listas de espera, lo que significa que el 16,7 % de los solicitantes aún están desatendidos, según la nueva estadística del Sistema de la Dependencia que publica el Imserso.

Esta estadística incorpora por primera vez ese tiempo de tramitación de expedientes con el objetivo de evaluar la marcha del sistema y analizar posibles mejoras y que alerta de que en cuatro comunidades se superan los 18 meses (más de 540 días). El informe señala además que en el conjunto de España hay 423.000 dependientes en lista de espera.

Solo en Ceuta (70) se espera menos que en Euskadi para ser atendidos, por detrás se sitúan Navarra con una media de espera de 155 y Castilla y León con 199. En el lado contrario las comunidades que acumulan más tiempos de espera son Canarias (785), Extremadura (675), Andalucía (621) y Cataluña (576).

La estadística muestra también que, por primera vez desde 2016, el número de personas con derecho reconocido en espera de atención ha aumentado en el Estado y que el número de fallecimientos de personas sin haber recibido las prestaciones es de 85 personas al día (se estima que unas 31.000 personas murieron en 2019 sin recibir esa atención).

Otra parte de la nueva estadística se dedica a ofrecer datos sobre las intensidades de las prestaciones y servicios. Las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 247 euros (que perciben actualmente 425.000 personas).

En concreto, para el Grado I (moderada) el promedio es de 140 euros al mes, 245 para el Grado II (severa) y 340 para Grado III (gran dependencia).

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales atribuye estos retrasos en la tramitación, tras 13 años de implantación de la ley, "en lo sucesivos recortes" en su financiación (aún vigentes) que afectaron gravísimamente a la etapa de despliegue, generando enormes bolsas de desatención al no resolver los procedimientos por parte de las administraciones".

"El disparatado y proceloso entramado burocrático creado por las diferentes administraciones que, lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios", critica la asociación.

Así, la mayoría de comunidades autónomas establecen dos procedimientos administrativos encadenados (la resolución del grado de dependencia y la prestación o servicio que disfrutará la persona) y muchas veces, cuando llegan esas resoluciones, la situación de la persona ha cambiado tanto que hay que volver a empezar revisando su grado o sus prestaciones.

Además, la demora en ofrecer servicios de apoyo para realizar las actividades de la vida diaria "supone graves trastornos a las personas dependientes y genera importantes sobrecargas familiares, especialmente a las mujeres, que son el 75 % de las personas que prestan los cuidados familiares".

También varían muchas las prestaciones económicas vinculadas a la adquisición de un servicio. Por ejemplo para abonar una plaza de atención residencial oscila en torno a los 550 euros al mes, que el usuario debe aportar el resto