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Miércoles, 03 de Junio de 2020

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Caso PGOU

Castedo, Alperi y Ortiz se sentarán en el banquillo de los acusados el 30 de junio por el amaño del PGOU

Los días 3, 4 y 5 de noviembre están reservados a las pruebas documentales y a las audiciones de las conversaciones telefónicas que destaparon el caso

Luis Díaz Alperi, en segundo plano y Sonia Castedo

Luis Díaz Alperi, en segundo plano y Sonia Castedo / Efe

El juicio por el presunto amaño del Plan General (PGOU) ya tiene fecha. La Audiencia de Alicante ha fijado el 30 de junio como día de inicio de las sesiones. En el banquillo de los acusados se sentarán los exalcaldes en la etapa del PP, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi. Junto a ellos, el empresario Enrique Ortiz y otros seis acusados más.

Tras una década de instrucción finalmente la sección tercera de la Audiencia Provincial ha fijado fecha de inicio y calendario de vistas. El juicio se ha señalado una vez las partes han recibido la acotación de las conversaciones telefónicas intervenidas para su preproducción en la sala, según la diligencia a la que ha tenido acceso Radio Alicante.

Así, el 30 de junio y el 7 de julio son las jornadas que se dedicarán a cuestiones previas. El 23, 24 y 29 de septiembre se establecen para la declaración de los acusados: Castedo, Alperi y Ortiz y el resto de acusados.

Y a partir del 30 y hasta el 5 de noviembre se dedicarán a testigos y peritos (los días 3, 4 y 5 de noviembre serán para pruebas documentales y para las audiciones de las conversaciones grabadas por la policía y que destaparon el presunto amaño del PGOU). El 10, 11 y 12 de noviembre las partes presentarán sus conclusiones finales.

Está previsto que presten declaración hasta 65 testigos propuestos por las partes. Entre ellos Lluis Cantallops, el primer redactor del Plan General que fue despedido y Jesús Quesada, quien le sustituyó en el diseño del documento que está en cuestión.

También los exconcejales populares Pablo Suárez, Juan Seva, Andrés Llorens o Mari Ángeles Goitia o el socialista Blas Bernal.

Peticiones de penas

Este caso, el de las presuntas irregularidades en la tramitación del PGOU en beneficio del empresario Enrique Ortiz, salió a la luz gracias a las escuchas realizadas por el caso Brugal que investigaba las ilegalidades en el servicio de recogidas de basuras en Orihuela y que ha dado lugar a la investigación de varias ramas, entre ellas, ésta de Alicante.

Recordamos que Fiscalía Anticorrupción pide sendas penas de 10 años de cárcel para los exalcaldes por los delitos continuados de revelación de información privilegiada, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias y favorecer al empresario Ortiz. Misma pena que pide la acusación particular que ejerce Esquerra Unida.

Para Ortiz, el fiscal solicita ocho años de prisión por un delito continuado de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, aprovechamiento de secretos o información privilegiada, tráfico de influencias y prevaricación. La acusación particular eleva la petición a los 13 años.

 

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