Las leyes marroquíes de delimitación de aguas se posponen pero siguen su curso en el Parlamento
Cs pide que Margarita Robles comparezca en el Congreso y CC reclama que la ministra en funciones dé explicaciones en el Senado
EFE
Santa Cruz de Tenerife
Las dos leyes propuestas por el Gobierno marroquí de delimitación de aguas no fueron aprobadas en la tarde del lunes por el pleno de la Cámara de Representantes del Parlamento marroquí, pero siguen su curso parlamentario, han explicado a Europa Press fuentes diplomáticas marroquíes.
Según estas fuentes, las leyes, que se aprobaron la semana pasada en la Comisión de Exteriores de la Cámara Baja, iban a pasar hoy por el pleno pero finalmente no ha sido así por coherencia con los asuntos abordados en la sesión, ya que el resto son convenios internacionales y esto son leyes domésticas marroquíes.
No obstante, las leyes seguirán su curso y, tras pasar por el pleno de la Cámara Baja, irán a la Cámara de Consejeros, para ser examinadas primero en Comisión y luego en pleno.
En todo caso, las fuentes consultadas han subrayado que el Gobierno marroquí coincide con el español en que la solución a las fronteras marítimas debe ser acordada y que llegará por la vía del diálogo, con serenidad y tranquilidad. La aprobación de las leyes marroquíes, han señalado, no prejuzga cuál será la solución.
De hecho, el propio ministro marroquí de Exteriores, Naser Bourita, afirmó que la aprobación de las leyes "no significa que Marruecos no esté abierto a solucionar cualquier posible conflicto con España, Portugal o Mauritania sobre la delimitación precisa de su espacio marítimo, en el marco de un diálogo constructivo y de una asociación positiva".
"Marruecos permanece abierto a España, Mauritania y Portugal en torno a los 'solapamientos', especialmente en lo relativo a las islas Canarias, a través de un diálogo y una colaboración positiva con los vecinos español, portugués y mauritano", ha puntualizado.
Las fuentes han asegurado que las leyes no responden a ningún intento de confrontación, sino a que Marruecos está modernizando su ordenamiento jurídico y adaptándolo a los convenios internacionales, en el marco de un proceso soberano.
En las leyes se establece el mar territorial, de 12 millas y se delimita la zona económica exclusiva (200 millas) en las costas del Sáhara Occidental, que Marruecos considera sus "provincias del Sur".
El secretario de Relaciones Internacionales del PSOE, Héctor Gómez, ha valorado que Marruecos haya frenado la aprobación de dos leyes para la delimitación de sus aguas, una iniciativa que, a su juicio, era "un movimiento inamistoso que no tenía recorrido".
En declaraciones a Europa Press, Gómez ha calificado de "acertada" y "procedente" la decisión de Marruecos, algo que el PSOE ha conocido a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperacion.
Entre tanto, ya se han presentado dos peticiones para que la ministra Margarita Robles --titular de Defensa en funciones y encargada de Exteriores tras la marcha de Josep Borrell-- explique al Parlamento las gestiones que ha hecho o hará con Marruecos para garantizar los intereses españoles.
El expresidente canario y actual senador de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, ha pedido su comparecencia en el Senado, mientras el grupo parlamentario de Ciudadanos lo ha hecho en el Congreso.
Ciudadanos también ha presentado una batería de preguntas para que el Gobierno en funciones aclare qué gestiones ha hecho y si tiene intención de conversar para garantizar que no haya solapamientos en las aguas. También quiere saber por qué no se trató el asunto en las reuniones que tanto Pedro Sánchez como Josep Borrell tuvieron en noviembre con el ministro marroquí Naser Burita.
Por último, pregunta si el Gobierno tiene previsto presentar alegaciones ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar "para que se respete la legalidad internacional y el Reino de Marruecos no utilice las aguas territoriales del Sáhara Internacional como propias a estos efectos".
Con las nuevas leyes, anunciadas en 2017, Marruecos pretende "adaptar su arsenal jurídico al Derecho del Mar" y, además, delimitar la zona económica exclusiva (200 millas) en las costas del Sáhara Occidental, que Marruecos considera sus "provincias del Sur".
El Gobierno español reaccionó afirmando que no conocía el contenido de las leyes y recordando que "debe regir, como siempre, el mutuo acuerdo en el marco del respeto a la Convención del Mar de Naciones Unidas".
