La justicia admite a trámite una querella por la venta de los inmuebles de Fusara

Madrid

El juzgado de instrucción número 51 de Madrid ha admitido a trámite una querella interpuesta por los vecinos afectados por la operación FUSARA. Esta entidad, tutelada por la Iglesia, vendió 14 inmuebles por 74 millones de euros el pasado 30 de julio. Sin embargo, esta venta no tuvo en cuenta a las 200 familias que allí viven y que, además, se enteraron de la venta de sus hogares dos meses después.

FUSARA, cuyo patronato está gestionado por el Arzobispado de Madrid, la alcaldía y la delegación de gobierno en la Comunidad entre otros, está investigada por posibles delitos de estafa, corrupción y administración desleal. Mónica Sevil, una de las afectadas y abogada de los vecinos, ha asegurado a la Cadena SER que sospechan que se han incumplido las reglas fundacionales de FUSARA en más de una ocasión y que el dinero de la venta estaría destinado a otro fin que no es el fundacional.

Estas viviendas pasaron a ser propiedad de la iglesia porque una familia las donó con la condición de que las rentas que se adquirieran fueran destinadas a ayudar a niños y niñas huérfanas, sin recursos y en riesgo de exclusión social.

Esta venta mantiene en total incertidumbre a los vecinos que viven en las casas. Algunos de ellos, a los que se les termina el contrato de alquiler, han recibido un burofax en el que se les notifica que deben abandonar sus casas, a pesar de que, según Mónica Sevil, “el compromiso de la fundación fue que siempre que se cumpliera con los pagos estos contratos se renovarían seguro”.

Se quejan los vecinos de la opacidad de la operación, ya que los inmuebles se vendieron a 14 empresas creadas entre abril y junio de 2019 con un capital mínimo de 3.010 euros. Sevil califica este negocio como “oscuro” y creen los afectados que “el acuerdo de venta no se llevó a cabo con plena conciencia de los patronos y que el patronato no estaba bien conformado”.

La jueza citará a declarar el próximo 14 de enero a David López Royo, delegado de FUSARA en el momento de la operación; Ignacio Olmos, antiguo gerente y a Roberto De Juan González, el administrador de las sociedades compradoras. El artículo al que hace referencia la querella, el 251 del Código Penal, conlleva penas de prisión de 1 a 4 años.

A pesar de los intentos de los vecinos por convocar una reunión con el Arzobispado de Madrid o con cualquier entidad responsable del patronato de FUSARA, nadie les ha dado respuesta ni se les ha comunicado ninguna explicación. Los vecinos convocaron una concentración el pasado domingo 15 de diciembre frente al Arzobispado para protestar por la venta de sus viviendas.