El TSJ indemniza con 40.000 euros a una mujer que esperó nueve horas para ser intervenida de una hemorragia cerebral

Alicante

Katia Michel Campos ingresó en el Hospital General de Alicante en el año 1995 en donde se le diagnosticó una malformación arteriovenosa. Para su posterior tratamiento, el neurorradiólogo Juan Carlos Vázquez le propuso derivarla al hospital Medimar en donde le llevaron a cabo una treintena de embolizaciones para tratar la dolencia. Esta técnica consistió en aplicarle un pegamento en el lugar de la malformación para supuestamente reducir su tamaño.

Posteriormente, conoció que la literatura médica recomienda que se lleven a cabo tan solo dos o tres intervenciones de este tipo. Además, el fabricante del pegamento también desaconseja su uso para este tipo de problemas.

El 22 de abril de 2009 tuvo que ser trasladada al Hospital General en donde se le diagnosticó una hemorragia cerebral. Tras estabilizarla los facultativos tardaron unas nueve horas en intervenir ya que todos los informes y las imágenes de las embolizaciones realizadas en la clínica privada habían desaparecido. Como consecuencia, Katia padece una hemiplejia que le paraliza la mitad izquierda de su cuerpo.

Desde entonces, su objetivo y el de su marido, Juan Antonio Maldonado, es desentrañar la sucesión de errores o de malas prácticas que le han provocado las graves secuelas que padece.

Denunciaron los hechos en la vía penal. El caso se cerró en primera instancia y posteriormente se ha reabierto.

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Junto a la entonces diputada en les Corts de Compromis, Marian Campello, llevaron la sucesión de embolizaciones que padeció a la Fiscalía de la Audiencia Provincial. Allí, expusieron su caso y el de otras 86 personas que también padecieron estas intervenciones, todas derivadas desde el Hospital General a Medimar y sufragadas por el plan de choque contra las listas de espera.

Mientras tanto, Katia presentó una reclamación por la vía contencioso administrativa contra la Conselleria de Sanidad. Hace unos meses, el Tribunal Superior de Justicia estimó parcialmente su demanda y condenó a la Generalitat a indemnizarla con 40.000 €, una cantidad que se tomó "a tanto alzado" -según su marido-, y que dista mucho del más de medio millón de euros que reclamaba tras una valoración pericial y teniendo en cuenta los daños físicos y psíquicos sufridos.

Ahora, ha decidido presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

A la espera de que las reclamaciones judiciales prosperen o no, Katia se siente víctima de una serie de "negligencias" que le van a lastrar físicamente durante toda su vida, pero sobre todo, lamenta con impotencia el descontrol que padeció ella y otras muchas pacientes con dolencias similares a la suya.