La renta agraria cayó en 2019 y las coordinadoras piden medidas al nuevo Gobiero para frenar la pérdida de rentabilidad

Lorca

Frenar la pérdida de rentabilidad del sector agrario es una de las urgencias que se va a encontrar el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, que mantendrá a Luís Planas al frente del Ministerio de Agricultura, y a quien las coordinadoras agrarias ya ponen deberes en este sentido.

Desde la Región de Murcia, COAG, ASAJA y UPA han mostrado su preocupación por esta tendencia que está afectando negativamente a agricultores y ganaderos de todo el país.

Sin ir más lejos, la renta agrario bajó durante 2019 un 8,6%, hasta quedarse en los 26.179 millones, según los datos del Ministerio de Agricultura. Es el primer descenso en cinco años y en ello ha jugado un papel fundamental la bajada de los precios y, por otra parte, el incremento de insumos como fertilizantes y energía.

"Los precios son el gran problema que tenemos", admite desde COAG su presidente en Murcia, Miguel Padilla. Marcos Alarcón, secretario de UPA, explica que "no es que los márgenes sean ajustados, es que en muchos casos lo que se producen son pérdidas".

COAG arranca este 2020 amagando con protestas en Murcia similares a las que ya han llevado en otros puntos de Andalucía o Valencia. "En Murcia hay otros problemas como el agua, pero si los precios no responden para nuestros productos es imposible seguir con la actividad".

Piden que se tomen medidas para aplicar de forma efectiva la Ley de la Cadena Alimentaria, con las que frenar lo que consideran "prácticas abusivas" de las grandes cadenas distribuidoras y la competencia de los productos que llegan de terceros países ajenos a la Unión Europea.

"Este año deberían abordarse medidas económicas para garantizar la viabilidad económica si queremos mantener el sector agrícola", dice Marcos Alarcón sobre un 2020 en el que, además de esto, desde fuera de las fronteras españolas llegarán otros asuntos que afectarán a la agricultura murciana como el Brexit o la negociación de la Política Agrícola Comunitaria.

Preocupados por la "criminalización" de la agricultura

A esta realidad, hay que sumar otros factores locales que entrarán en juego en 2020 como el futuro del Trasvase Tajo-Segura y la relación entre la actividad agrícola y la situación ambiental del Mar Menor. Desde ASAJA, su secretario Alfonso Gálvez también ha lamentado la "criminalización" de la actividad agraria a propósito de estas dos cuestiones.

Por esto, Gálvez no ha ocultado su preocupación por el hecho de, en este plano, el nuevo ejecutivo central haya situado a Teresa Ribera como vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico. "Con un gobierno que insiste en que todos los males del medio ambiente están todos en la agricultura y la ganadería, mal camino llevamos".

Para Gálvez, "el tinte ecologista" del nuevo gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos se traduce en "prohibiciones y restricciones que, paradójicamente, provocan menos actividad en los pueblos y en el medio rural", por lo que ve difícil que se pueda afrontar así la lucha contra la despoblacion.