En 2019 se promovieron 134 desahucios en la ciudad de Castello

Castelló

En 2019 se promovieron 134 procedimientos de desahucio en Castelló ciudad, de los que 114 fueron por impagos de alquiler, 12 por ejecuciones hipotecarias y 8 por usurpación. Del total,  77 fueron paralizados de manera provisional por el Ayuntamiento tras remitir a los juzgados informes de exclusión social o vulnerabilidad. La acción de la Oficina Municipal de Vivienda se canaliza a través del protocolo antidesahucios de 2015.

La Oficina Municipal de Vivienda  del Ayuntamiento de Castelló aplazó en 2019 el 60 % de desahucios registrados en la ciudad a través del protocolo de vivienda suscrito con la Audiencia Provincial y el colegio de procuradores. Los aplazamientos se realizan en base a la legislación estatal y comprende a unidades familiares en situación de exclusión o vulnerabilidad social.

 La Concejalía de Vivienda subraya que para las situaciones que no reúnen las condiciones para conseguir aplazamientos gestiona ayudas al alquiler de vivienda y de emergencia habitacional. Esta última modalidad, que financia el Consell, va dirigida a personas con problemas económicos que no pueden hacer frente al pago del alquiler o la hipoteca. Para este ejercicio, el departamento de María Jesús Garrido prevé unificar la gestión de las ayudas de alquiler con la Generalitat para evitar problemas que se dan por duplicidades e incompatibilidades.

 Desde la Concejalía de Vivienda subrayan que la situación continúa siendo difícil y reiteran que mantiene varias líneas de actuación en marcha; por un lado, promueve ayudas para el alquiler y emergencia habitacional, y por otra parte pretende reactivar la bolsa municipal de alquiler social aportando 1.500 euros a los propietarios que faciliten vivienda para arrendar, una cantidad que ascenderá a a 3.500 en caso de desperfectos e impagos. También prosigue con negociaciones con entidades y particulares para la cesión de viviendas.

El departamento de María Jesús Garrido confía en el nuevo Gobierno central que sustentan PSOE y Podemos, que prevé fomentar el alquiler social para desahucios hipotecarios de vivienda habitual y contempla “obligaciones para los grandes tenedores de vivienda”.