Las acusaciones dicen que la "ambición" de Cano motivó el crimen del alcalde de Polop

Alicante

En la Audiencia Provincial avanza el juicio por el asesinato del alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, en 2007. La sesión ha comenzado este martes con las cuestiones previas y, tras ellas, las partes han estado exponiendo sus argumentos ante el jurado popular que debe decidir si Juan Cano, Salvador Ros, Pedro Hermosilla, propietario y Ariel Gatto, gerente del club de alterne Mesalina y los tres presuntos sicarios contratados (Raúl Montero, Radim Rakowski, y Robert Franek) son culpables de este asesinato previo pago de 50.000 euros.

Fiscalía y acusación particular ven claramente que los acusados orquestaron la muerte de Ponsoda por "intereses y ambiciones", mientras la defensa insiste en la absolución de los siete acusados porque aseguran que no hay pruebas que les incriminen tras una "investigación nefasta".

Fiscalía y acusación

La fiscal Lourdes Giménez-Pericás, ha iniciado su relato de los hechos advirtiendo al jurado de que en estos días van a escuchar "dos versiones totalmente diferentes" de lo que se juzga. La de Fiscalía "no es caprichosa", ha destacado y tratará de demostrar que Juan Cano, ideó "un plan" para acabar con la vida de Alejandro Ponsoda, "porque le molestaba" y que "múltiples indicios" le hacen concluir que esa reunión en el Club Mesalina "existió" y allí Juan Cano, Salvador Ros, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto "se pusieron de acuerdo " para contratar a los tres sicarios, también acusados, para "asesinar al alcalde de Polop de la Marina".

Alejandro Ponsoda era una persona "buena, querida y humilde", ha dicho Giménez-Pericás, que "ganaba elecciones por mayoría absoluta". Lo que según la fiscal acrecentó la "animadversión" de Cano hacia Ponsoda, de quien "empezaron a correr rumores" sobre su vida privada e incluso en los meses previos a su muerte tuvo que "oír por parte de Cano que no iba a llegara Navidad, que era un inútil y que tenía que dimitir, según expondrán los testigos".

La fiscal pide, además de 25 años de cárcel para los considerados planificadores de la muerte y 27 para los supuestos sicarios, 120.000 euros para cada una de las dos hijas de Ponsoda y 3.500 euros a favor de la Agencia Valenciana de la Salud por los días en que el alcalde estuvo ingresado en el Hospital General de Alicante, hasta que falleció a consecuencia de uno de los tres balazos, el recibido en la cabeza.

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Por su parte, el letrado de la acusación particular, Vicente Guerri, que representa a la familia de Ponsoda y ha suscrito los argumentos de la Fiscalía, ha expuesto ante el jurado que los acusados actuaron "sin escrúpulos" y que idearon un crimen motivado por "la ambición personal de Juan Cano", su sucesor de Ponsoda en la alcaldía y al que se cree el presunto cabecilla de la trama.

Ha recordado que Cano quedó apeado de las listas electorales en las municipales de 2003 "a raíz de unas grabaciones sobre unos presuntos sobornos" y ha incidido en que su objetivo era volver al Ayuntamiento.

La familia de Ponsoda demanda 100.400 euros como responsabilidad civil a favor de la esposa, pese a que no vivían juntos, además de 75.400 euros para cada una de sus hijas, Fátima y María.

Las defensas

Por su parte, las defensas de todos los acusados han basado sus argumentos en que la Guardia Civil realizó una investigación que "no daba sus frutos", y que "sorpresivamente" dos años después de la muerte de Ponsoda a parece un testigo protegido que los relaciona a todos. Las defensas han incidido en que este testigo, que fue portero en el club de alterne Mesalina no trabajaba en el local en la fecha en la que se produjo la supuesta reunión y que así lo demostraría que en una denuncia ante Trabajo, "declaró que empezó a trabajar allí en 2008, cuando los hechos relatados habrían sucedido en 2007".

También han puesto en duda la veracidad del testimonio ya que relacionan a este hombre con "los bajos fondos" de la zona y aseguran que era antiguo confidente de la Guardia Civil "a quien dejaron de creer ante la falsedad de sus informaciones". Además, han puesto de manifiesto que "renunció él mismo a ejecutar el asesinato porque los 35.000 euros que se le ofrecieron no eran suficientes.

Jorge Martínez Navas, letrado que defiende al empresario Salvador Ros, ha negado en su escrito provisional que su cliente y Alejandro Ponsoda estuvieran enemistados, "paradójicamente tenía mala relación con Cano" y también ha negado que "frecuentara el Club Mesalina".

Por su parte, el abogado Francisco González, que representa a Pedro Hermosilla, niega igualmente cualquier relación de su cliente con estos hechos. La defensa de Ariel Gatto, que ejerce Jaime Jesús Pérez, ha insistido en que "no son hechos creíbles" los que se relatan en el sumario son una "fábula bien inventada por terceros". José María Borja, letrado de Raúl Montero, ha mantenido que la acusación se sustenta en la declaración de un testigo protegido de "dudosa reputación y que ha obtenido beneficios por su declaración".

El abogado que defiende a Juan Cano, Carlos Ruiz, además de asumir estos argumentos ha incidido en que un motivo para su asesinato podía centrarse en la vida personal de Alejandro Ponsoda. Esta línea argumental también la ha usado el abogado de uno de los acusados, Radim Rakowski, considerado autor material. Por último, la abogada de Robert Franek, Mariana Ivanov, ha negado igualmente "cualquier participación" de su cliente en estos actos.

Todos estos letrados solicitan el sobreseimiento de las actuaciones o la absolución de los acusados.

La Fiscalía pide para todos ellos penas de 25 años de prisión por un delito de asesinato y para los tres sicarios solicita dos años adicionales por tenencia ilícita de armas.