El Tribunal de Cuentas lamenta que hasta 2017 no se abordó de forma "integral" la protección del Mar Menor

Murcia

El Tribunal de Cuentas ha destacado que las actuaciones contempladas en la regulación sobre medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor se dirigieron hasta 2017 "casi exclusivamente" a rebajar la presión de la actividad agrícola "sin abordar de forma integral la protección y gobernanza de este espacio protegido".

Todo ello, "limitó" su eficacia en ese año e hizo perder "el carácter de urgentes con el que se aprobaron", según aparece recogido en el informe anual de la Comunidad de Murcia correspondiente al ejercicio 2017 aprobado por el Tribunal de Cuentas.

Algunas de las medidas aprobadas, según el Tribunal, "han presentado incoherencias y problemas de aplicación ya que, en algunos casos, se sobrepasaba la normativa nacional y comunitaria o no resultaban aplicables mientras no hubiera una resolución firme de la Confederación Hidrográfica del Segura de los expedientes en trámite de regularización".

Por otro lado, el informe del Tribunal de Cuentas señala que la sociedad Desaladora de Escombreras, S.A. ha continuado presentando pérdidas que se situaron en 21 millones de euros, lo que determinó que la sociedad se encuentre nuevamente incursa en la causa de disolución prevista en la Ley de Sociedades de Capital.

Respecto a la situación del aeropuerto de Corvera, el Tribunal de Cuentas destaca que "se sigue manteniendo la incertidumbre sobre el resultado final de la liquidación del contrato y las posibles contingencias derivadas de la eventual reclamación del lucro cesante y daño emergente por parte de la sociedad concesionaria, así como la forma en que se instrumentará por parte de la Administración Autonómica el pago de las expropiaciones pendientes de pago que corresponden pagar a dicha sociedad".

En relación con el objetivo de estabilidad presupuestaria del -0,6% de su PIB regional fijado para 2017, el informe señala que no fue cumplido al haberse registrado en el mismo un déficit del -1,46*% del PIB regional. También incumplió la regla de gasto en dicho año. La Comunidad si ha cumplido el objetivo de deuda fijado para 2017

Por otra parte, el periodo medio de pago de las deudas por operaciones comerciales superó el plazo máximo de 30 días establecido en la normativa de morosidad en todos los meses del 2017,

En cuanto a la gestión sanitaria, la fiscalización observa (como en ejercicios anteriores) una "enorme rigidez" del gasto corriente, que afecta a la sostenibilidad financiera en la prestación de los servicios.