Penalva y Subirán declaran este jueves en el Tribunal Superior

Palma

Los anteriores instructores del caso Cursach, ante el Tribunal Superior de Justicia. El juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán declaran mañana a partir de las nueve y media en la investigación abierta contra ellos por presuntas irregularidades durante la instrucción de la macrocausa contra el empresario del ocio Bartolomé Cursach. Ambos están siendo investigados por presuntos delitos de revelación de secretos, prevaricación, deslealtad profesional y detención ilegal. El pasado enero la jueza de instrucción elevó la causa al Tribunal Superior porque Penalva y Subirán son aforados y sólo pueden ser investigados por una instancia superior.

La sala civil y penal designó como instructor al magistrado Carlos Gómez por turno de reparto y acordó que la investigación se prorrogase durante 18 meses más. La investigación contra Penalva y Subirán parte de la denuncia presentada por los abogados de varios imputados en el caso Cursach, que se quejaron de la filtración de informaciones declaradas secretas. Durante las acciones para aclarar esas filtraciones, los investigadores recuperaron los historiales de varios grupos de chat en los que el juez y el fiscal intercambiaban información y comentarios sobre las pesquisas con varios policías.

La magistrada que siguió el asunto consideró la existencia de indicios sólidos respecto al origen de las filtraciones, porque el círculo de los posibles filtradores se reduce al estar la información bajo secreto de sumario. Sobre los delitos de detención ilegal y prevaricación, la anterior instructora sostiene que ambos generaron de forma deliberada e injustificada circunstancias en las que basar la medida de prisión provisional.

Con todo, la jueza descartó la presunta existencia de delitos de organización criminal y de coacciones a testigos que argumentaban algunas de las partes personadas. Es la tercera veza que la causa llega al Tribunal Superior. En las anteriores ocasiones fue enviada por el juez Miquel Florit, que se jubiló el pasado 31 de enero y está siendo investigado por el decomiso de los teléfonos móviles de varios periodistas que cubrían el caso.