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Okupas

Piden 6 meses de multa por ocupación de vivienda de anciana en Portugalete

La vista quedó suspendida el pasado 10 de febrero por la inasistencia de los acusados y se ha retomado este lunes

Vitori en la sala donde se ha celebrado el juicio / Cadena SER

El juicio por la ocupación el pasado mes de octubre de la vivienda de Vitori, una anciana de Portugalete de 95 años, ha quedado visto para sentencia con una petición de seis meses de multa para cada una de las dos acusadas, el máximo contemplado para un delito de usurpación.

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El Juzgado de Instrucción número 4 de Barakaldo ha dejado visto para sentencia el juicio que tuvo que ser suspendido el pasado 10 de febrero por la ausencia del abogado de una de las dos acusadas, quienes, al igual que entonces, tampoco han acudido al juzgado este lunes.

El Ministerio Fiscal ha solicitado una sentencia condenatoria para las dos encausadas por la ocupación de la vivienda, con una pena de 6 meses de multa a razón de 8 euros por día por un delito de usurpación, mientras que las defensas de las dos mujeres han pedido su libre absolución.

El abogado de Victoria de Castro ‘Vitori' + Char(39) + ', Jesús Bageneta, se ha sumado a la petición fiscal, lo máximo que prevé el Código Penal para un delito de usurpación, al entender que está ajustada al “perjuicio” económico y “emocional” que le ha generado a Vitori, que es “muy importante”, según ha dicho.

En declaraciones a los medios tras el juicio, Bageneta ha considerado que la cuantía de la multa, 8 euros por día, hasta un total de 1.440 euros, es “ajustada” y que si las dos acusadas, ausentes en la vista, hubieran acudido para hablar de su situación económica “podría haber sido incluso inferior”.

Ha señalado que Vitori, que no ha acudido al juicio por problemas médicos, asumirá “cualquier resultado de la sentencia” porque “lo único que desea es olvidar el asunto y no tener que darle más vueltas a un tema que bastante sufrimiento le ha generado ya”.

Las defensas de las acusadas han pedido la absolución al considerar que no se ha acreditado que las dos mujeres fueran las responsables de forzar la cerradura de la puerta de entrada para acceder a la vivienda y porque el abandono de la vivienda fue voluntario.

En el juicio han declarado dos agentes de Policía Local de Portugalete que acudieron a la vivienda tras denunciarse su ocupación, que han señalado que una de las dos mujeres no les dejó entrar y aseguró que la había alquilado aunque no recordaba a quién ni la cantidad que pagaba por el alquiler.

Los agentes le advirtieron de que podían estar incurriendo en un delito, pero se negó a abandonar la casa alegando que no tenía a donde ir con sus hijos y se mostró dispuesta a llegar a un acuerdo con la propietaria para permanecer en la vivienda pagando un alquiler.

Otro agente de la Policía Local ha declarado que una vez desalojada la vivienda, se encontraron los armarios vacíos y la documentación de Vitori tirada en la parte trasera de la vivienda, y que la propietaria denunció que le faltaban numerosos enseres, incluidas joyas.

También ha declarado uno de los ertzainas que participó en el dispositivo desplegado el 17 de octubre con motivo de la manifestación vecinal que trataba de obligar a los ‘okupas’ a abandonar la vivienda. Este agente ha señalado que el interior de la vivienda era “un desorden absoluto”.

Ha indicado que las dos mujeres pidieron ayuda para abandonar la casa, junto a cuatro menores a su cargo, porque estaban “asustadas” por la “presión social” de unas 2.000 personas que se habían concentrado frente a la vivienda y que les ayudó a recoger sus pertenencias en unas 15 bolsas.

El juicio se iba a celebrar en noviembre del pasado año, pero se tuvo que posponer hasta este mes de febrero. Y también se vio aplazado al no asistir las dos acusadas, y tan solo se presentaron el abogado de una de ellas. Ante la falta del segundo letrado, representante legal de la otra encausada, el juez decidió suspender la vista oral.

Por su parte, el abogado de Victoria de Castro acusa a las dos procesadas de un delito menor de usurpación, previsto en el artículo 245.2 del Código Penal, que establece que el que ocupe, "sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses".

 
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