La Junta inicia expedientes por plantar más de 60.000 olivos en una reserva protegida en Malagón

Ciudad Real

La consejería de Desarrollo Sostenible ha iniciado un expediente administrativo por la plantación de olivares intensivos en la zona de restauración de la reserva natural en las Navas de Malagón. Se trataría de 11 parcelas con más de 60.000 olivos. Un proceso que está en su fase de inicio y que podría suponer una infracción y la retirada de los árboles.

Como ha explicado en la SER el delegado del área Fausto Marín se trata de un hecho aislado y puntual, advirtiendo que la gran mayoría de los agricultores, antes de su plantación están obligados a solicitar la autorización pertinente para su homologación y deben contar con los permisos de la Administración. Precisamente para evitar estas alteraciones al medio ambiente están los agentes medioambientales que realizan una importante labor de vigilancia a lo largo y ancho de la geografía provincial.

Ciudad Real, provincia con más espacios protegidos

Hay que recordar que Ciudad Real es una de las provincias con más espacios protegidos; contamos con 2 Parques Nacionales, (Cabañeros y Tablas de Daimiel) 2 Parques Naturales (Ruidera y Valle de Alcudia) y además, como es el caso, esta zona se enmarca dentro de la red natura 2000 como zona ZEPA, en la que no se pueden realizar plantaciones ni cultivo alguno, como recalca el portavoz de Ecologistas en Acción, Rafael Gosalvez que denunció la situación ilegal en al menos 3 parcelas.

 El representante de los ecologistas en el Patronato Rector de las Tablas de Daimiel se pregunta qué ha fallado para que no se hayan percatado a tiempo y confían que se depuren todas las responsabilidades, que trascienden, según remarca, más allá del propio agricultor.

Proceso garantista

El delegado de Desarrollo Sostenible aclara que en alguna de las fincas, que pertenecen a varios propietarios, el procedimiento se inició en 2014 y se ha resuelto en 2017. Explica que se trata de un proceso largo pero garantista; cuando se detecta se eleva a los servicios jurídicos, se valora si hay delito penal o administrativo, se inicia el expediente sancionador, se notifica la correspondiente propuesta de resolución y se concede un plazo de alegaciones al afectado y no en todos los casos va al mismo ritmo.

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