A juicio la pieza principal del caso Cursach
Bartolomé Cursach y otras 23 personas se sentarán en el banquillo con petición de penas de casi 150 años de cárcel

Imagen de archivo de Bartolomé Cursach durante una comparecencia en el juzgado / EFE

Palma
Bartolomé Cursach y otras 23 personas se sentarán en el banquillo en el juicio de la principal pieza del caso contra el magnate del ocio nocturno. El juez da por terminada la instrucción y empieza ahora la cuenta atrás para el juicio. La Fiscalía Anticorrupción pide para Cursach ocho años y medio de cárcel por liderar un grupo criminal. Junto al empresario, juzgarán también a 14 policías o expolicías, directivos del grupo, funcionarios y a la exdirectora general de Turismo en la legislatura pasada, Pilar Carbonell. El total de las penas de prisión suman casi 150 años. El juez impone, además, una fianza de seis millones de euros en concepto de responsabilidad civil.
A Cursach se le juzgará por liderar, supuestamente un grupo criminal, por prevaricación administrativa, cohecho y coacciones. Por todo ello, Anticorrupción pide 8 años y medio de cárcel. Junto a él, se sentará en el banquillo su número dos Tolo Sbert acusado de los mismos delitos.
Entre los acusados está también el exjefe de la Policía Local de Palma, Joan Mut, la exdirectora general de Turismo, Pilar Carbonell, así como varios agentes de policía, funcionarios locales y autonómicos. Para ellos se solicitan penas de hasta seis años de cárcel en algunos casos e inhabilitaciones en otros. La fiscalía acusa por delitos de pertenencia a grupo criminal, prevaricación, cohecho, abuso de función pública por solicitud sexual, omisión de perseguir delitos, contra la salud pública, coacciones, revelación de secretos, falsedad en documento oficial, usurpación de funciones públicas y amenazas.
Anticorrupción sostiene que, de manera continuada entre el año 2000 y 2016, los acusados que ejercían cargos y funciones de responsabilidad en el grupo Cursach "dieron las instrucciones y órdenes oportunas" para que se llevase a cabo la práctica habitual "de regalar y obsequiar" a funcionarios públicos que tenían competencias en temas y cuestiones que podían afectar a la marcha de los negocios del grupo.
Fiscalía señala que la entrega de obsequios llevaba implícita la contraprestación de que debían favorecer la actividad y los negocios del grupo Cursach. Eso es lo que permitía al empresario trasladar la idea de que si no aceptaban sus regalos habría "represalias de toda índole". Las dádivas y los regalos eran, según la fiscalía, de diversos tipos, pero siempre con contenido económico e iban desde cestas de Navidad, pases para el gimnasio y cajas de champán de lujo a servicios sexuales, consumiciones y estupefacientes que eran dispensados de forma gratuita en sus locales.
Señalan los fiscales que Cursach llegó a un acuerdo con el responsable directo de la patrulla verde para favorecer a sus establecimientos a cambio de ventajas económicas superiores incluso a su salario. En el escrito se relatan actuaciones de la policía de Palma contra empresarios de la competencia de Cursach, actuaciones del grupo del magnate contra propietarios de locales de Calviá, episodios de trato de favor y ejemplos de dádivas a funcionarios del Ayuntamiento de Palma.




