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Ayuso crea un efecto llamada con su moratoria de casas de apuestas

El gobierno regional dejó abierto un resquicio legal mientras tramitaba el decreto para paralizar la apertura de nuevos locales de apuestas. Durante 17 días los empresarios del juego ya sabían que se iba a paralizar el negocio, pero podían seguir registrando solicitudes. Tramitaron 121 peticiones

Isabel Díaz Ayuso anuncia una moratoria de nuevas licencias de casas de apuestas / Comunidad de Madrid

Madrid

El viernes el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publicó la normativa más ambiciosa de las pocas que se han puesto en marcha en la era Ayuso, la paralización en la concesión de nuevas autorizaciones para la apertura de locales de juego hasta que esté lista una nueva regulación del sector. El gobierno regional quiso darle al anuncio la máxima relevancia, así que fue la propia presidenta la que comunicó la decisión a la prensa tras el Consejo de Gobierno del 12 de noviembre. “Estamos detectando una concentración excesiva -de locales-, que se está cebando con menores y sectores sociales muy concretos”, llegó a decir ese día Ayuso.

Lo que no contó la presidenta es que la paralización no iba a tener efectos inmediatos. Eso lo dejó para más adelante. Unos días después la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas -la competente en materia de juego- explicó que, para garantizar la seguridad jurídica, y evitarse un hipotético aluvión de demandas, la moratoria no se aplicaría hasta que el decreto no se sometiera a audiencia e información pública. Ese trámite, previo a la elaboración de cualquier norma, no se realizó hasta el día 29 de noviembre. Todas las solicitudes recibidas hasta ese momento se tramitarían. En total, 17 días -del mismo día 12 al 28, ambos incluidos- en los que los empresarios ya sabían que la Comunidad iba a cerrar el grifo de las licencias, así que los aprovecharon al máximo.

En esas dos semanas -en realidad 13 días hábiles, una vez descontados los fines de semana- se registraron 121 solicitudes de licencias, según la información a la que ha tenido acceso la SER a través del Portal de Transparencia. 88 de ellas para la apertura y funcionamiento de nuevos salones de juego; 5 más de para locales específicos de apuestas; y otras 28 peticiones para instalar los llamados ‘córner’ -áreas para apostar- en locales que ya están en funcionamiento. Solo hace falta comparar esa cifra con el número total de locales en funcionamiento -685, a 31 de diciembre de 2019- para hacerse una idea de la magnitud de la avalancha.

“Es cierto que aprovecharon esos días para registrar todo lo que tenían más o menos preparado -reconoce un portavoz de la Consejería-, pero eso no quiere decir que todas las solicitudes se acaben traduciendo en nuevos locales abiertos”. Según el departamento que dirige el popular Enrique López, en torno a un 80% de esas iniciativas se han denegado. “Se les solicitó que subsanaran errores y no lo hicieron en el plazo legal de diez días hábiles”, insisten esas fuentes.

Las organizaciones vecinales que luchan contra la proliferación de casas de apuestas y las que atienden a jugadores compulsivos temían que esto pudiera pasar. “Nos preocupa que, lo que en principio debería haber sido un freno, se haya convertido en un acicate para una actividad empresarial que ya está más que saturando la ciudad”, señala Bayta Díaz, psicóloga de la Asociación de Prevención y Atención a la Ludopatía (APAL), y muy crítica con las ubicaciones “nada inocentes” que escogen los empresarios del juego para sus locales.

No es la primera vez que el gobierno regional se topa con un efecto llamada cuando trata de regular el sector. Ya le ocurrió en mayo del año pasado -cuando estableció entre otras cosas una distancia mínima de cien metros entre las casas de apuestas y las entradas a centros escolares- y que el propio Ejecutivo reconoce ahora como “ineficaz” en este nuevo decreto. “Las actuales circunstancias aconsejan que se proceda, como medida planificadora previa que evite acciones especulativas, a acordar la suspensión de la concesión de nuevas autorizaciones, para evitar que la regulación futura sobre la planificación que finalmente se adopte resulte ineficaz, con el fin de que no se acumule un elevado número de solicitudes de autorización de apertura y funcionamiento de establecimientos de juego, tal y como se produjo durante el período de tramitación del Decreto 42/2019, de 14 de mayo”, reza el texto. La acumulación de solicitudes de momento ya se ha producido. El tiempo dirá si el eslogan que acuñó el consejero, ese efectista “¡alto el juego!”, se compadece con la realidad.

Javier Alonso

Javier Alonso

Periodista. Licenciado por la Facultad de Ciencias de la Información de la Univesidad Complutense de...

 
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