Anticorrupción pide el procesamiento de tres exconsejeros de Empleo por los cursos de Delphi
La Fiscalía solicita que Ángel Ojeda, Antonio Fernández y Manuel Recio depositen más de 33 millones como fianza de responsabiidad civil
Ángel Ojeda saliendo de los juzgados / Europa Press
Sevilla
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juzgado de instrucción 6 de Sevilla que procese a los exconsejeros de Empleo socialistas Ángel Ojeda, Antonio Fernández y Manuel Recio por los supuestos delitos de malversación, prevaricación y fraude de subvenciones. El fiscal entiende que la investigación sobre los cursos de formación a extrabajadores de Delphi ha terminado. Así que pide también que el juez, Ignacio Vilaplana, les imponga una fianza civil de 33 millones 309.789 euros, que es el dinero que recibieron las empresas de Ojeda para la formación de los trabajadores despedidos de la multinacional Delphi. Ese dinero lo otorgaron los exconsejeros Antonio Fernández y Manuel Recio.
Las empresas de Ojeda, que conformaron el grupo Prescal, recibieron de la Consejería de Empleo más de 33 millones de euros a través de las asociaciones AEA, Humanitas, Innova, Inteca y Natura.
Según la Fiscalía los antiguos empleados de Delphi"cobraron un salario con cargo a las subvenciones de la Junta sin prestar trabajo por cuenta ajena", con lo que supuestamente simularon relaciones laborales inexistentes. Anticorrupción cree que Ojeda desvió el dinero de las subvenciones a su entramado para pagar el sueldo y la seguridad social de estos extrabajadores, simulando con ellos contratos laborales que no existieron.
El exconsejero Fernández negó en el juzgado su participación en el proceso de selección de las empresas que dieron los cursos. Contó que se hizo una convocatoria informal del Servicio Andaluz de Empleo con una treintena de empresas que cumplían los requisitos.
El exconsejero de Empleo, Manuel Recio, manifestó que firmaba la documentación que le pasaban los técnicos, siempre que tuviera el visto bueno de los servicios jurídicos; según han contado los letrados que han asistido al interrogatorio.
Esta investigación la abrió la jueza Alaya en 2014 para investigar las ayudas a la formación de la Junta. Ayudas concedidas a sindicatos, a la patronal o a fundaciones desaparecidas como la FAFFE
