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Coronavirus | Isabel Díaz Ayuso

Madrid levantará temporalmente el veto a médicos y enfermeros no europeos

El gobierno regional permitirá de forma extraordinaria y durante un tiempo limitado contratar a profesionales extracomunitarios formados en el Sistema Nacional de Salud

Fotografía de apoyo a la sanidad pública en un balcón. / Pablo Cuadra (Getty Images)

Madrid

La Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad ha emitido una resolución en la que levanta el llamado requisito de nacionalidad, que restringe el acceso de médicos y enfermeros sin pasaporte español -u otro de la Unión Europea- al Sistema Nacional de Salud, aunque se haya formado en él a través del programa MIR -o su equivalente para Enfermería, el EIR-. Hasta hoy, un licenciado en Medicina con nacionalidad perúana -por ejemplo- podía formarse en un hospital español como MIR, pero una vez concluida la residencia, no podía optar a una plaza pública en ese mismo centro, u otro distinto, sino conseguía antes una nacionalidad europea.

La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en sus artículos 56 y 57, exige a los aspirantes a funcionario tener la nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea. Pero esa misma norma contempla también una solución. Dice en su artículo 57.5 que "las Cortes Generales o las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas" pueden levantar ese veto, con una ley ad hoc, y siempre alegando "razones de interés general".

Es lo que hace la resolución de Sanidad, que asegura que la pandemia de Covid-19 "requiere la adopción de medidas excepcionales que garanticen que nuestros centros sanitarios cuenten con los recursos humanos necesarios para hacer frente a la prestación de la asistencia sanitaria". Por eso habilita a los gerentes de centros de salud, hospitales y del SUMMA 112 a contratar durante tres meses, prorrogables otros tres más, a profesionales que no cumplan ese requisito de nacionalidad. Tanta es la urgencia, que la propia Consejería hace una lectura muy permisiva de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y, en lugar de levantar el veto vía ley -es decir, tramitando una ley específica en la Asamblea de Madrid-, lo hace por el mecanismo de la resolución administrativa, mucho más rápido.

Lo cierto es que lo podía haber empezado a hacer ya. El pasado 20 de febrero la Cámara rechazó tramitar una proposición de ley que impulsaba Más Madrid en este sentido con los votos de PP, Ciudadanos y Vox. Su ponente, la diputada errejonista Mónica García, lamenta la decisión de la derecha aquel día, pero celebra el paso: "Votaron que no y no salió. Hoy nos alegramos de que que el gobierno de Madrid tome esta medida". El gobierno tenía otros planes, quería aprobar su propia ley, como adelantó la Cadena SER, y como figuraba en el plan normativo del Ejecutivo autonómico. "Era complicado de entender que vinieran a hacer su especialización a la Comunidad de Madrid y, luego, no pudieran quedarse a trabajar aquí", llegó a decir entonces el consejero de Sanidad, el popular Enrique Ruiz-Escudero, confirmando esos planes. Afirmaciones que secundaban sus socios en el gobierno: "Necesitamos a los mejores, y más en el área sanitaria donde -cuando nos operan- no nos importa su carné de identidad o su lengua, simplemente que nos curen", según palabras del vicepresidente, Ignacio Aguado, de Ciudadanos.

 
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